Castilla y León enfrenta una de las peores campañas cerealistas de la última década. La sequía extrema, las temperaturas récord y la falta de lluvias primaverales han reducido la producción en un 40%. Los agricultores exigen ayudas directas urgentes. La región, que aporta el 25% del cereal nacional, está en riesgo de pérdida de rentabilidad estructural. Sin intervención, muchas explotaciones familiares podrían desaparecer antes de 2027.
¿Por qué la cosecha 2026 en Castilla y León cayó un 40%?
La caída se explica por tres factores simultáneos: sequía prolongada, olas de calor en plena floración y plagas favorecidas por el estrés hídrico. En zonas como Salamanca y Zamora, el déficit pluviométrico superó el 60% respecto a la media histórica. El secano, que representa el 70% de la superficie cultivable regional, fue el más afectado.
El impacto del cambio climático en tiempo real
Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirman que junio de 2026 fue el más seco desde 1961. Las temperaturas máximas superaron los 42 °C durante 12 días consecutivos en la meseta norte. Esto aceleró la senescencia prematura del trigo y la cebada.
¿Qué ayudas existen para los agricultores afectados?
El Gobierno de España activó el Fondo de Gestión de Riesgos Agrarios (FEGA) para 2026, pero su cobertura es limitada: solo cubre daños superiores al 30% y exige peritajes que tardan más de 45 días. Muchos productores no acceden porque no cumplen el requisito de haber contratado seguros agrarios combinados previamente.
La brecha entre normativa y realidad
El Reglamento (UE) 2021/2115 exige planes estratégicos nacionales con medidas de adaptación climática. Sin embargo, Castilla y León aún no ha ejecutado el 40% de su presupuesto asignado para riego eficiente y captación de aguas pluviales.
¿Cómo afecta esta crisis al mercado nacional y europeo?
España importó 1,2 millones de toneladas de trigo blando en mayo de 2026 —un 35% más que en 2025—. El precio del trigo duro subió un 22% en el Mercado Ibérico de Productos Agrarios (MIPRA). La Comisión Europea ya evalúa activar el mecanismo de intervención pública para evitar especulación.
El rol de la SEPI en el sector agroindustrial
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) gestiona empresas clave como TRAGSA, encargada de la lucha contra plagas y desertificación. Su reestructuración actual podría acelerar la entrega de apoyo técnico a pequeñas explotaciones —pero solo si se prioriza la agilidad sobre la burocracia.
¿Qué futuro tiene la agricultura familiar en Castilla y León?
Juan José Recio Martín, agricultor de 39 años con 1.000 hectáreas en Salamanca, resume el desafío: “No luchamos solo contra la sequía. Luchamos contra la burocracia, contra los plazos de pago y contra la falta de relevo generacional”. El 68% de los agricultores de la región supera los 55 años. Solo el 12% de los jóvenes entre 25 y 35 años considera viable iniciar una explotación sin ayudas directas y acceso a tierra asequible.
Datos Clave
- La cosecha de cereal en Castilla y León cayó un 40% en 2026, la mayor caída desde 1995.
- El secano representa el 70% de la superficie agrícola útil (SAU) regional y fue el más afectado.
- El 68% de los agricultores regionales tiene más de 55 años.
- España importó un 35% más de trigo blando en mayo de 2026 frente a 2025.
- Menos del 12% de los jóvenes de 25 a 35 años ve viable la agricultura familiar sin reformas estructurales.
El contexto económico actual agrava la crisis: la inflación en insumos (fertilizantes +28%, gasóleo agrícola +33%) se combina con precios estancados del cereal. Legalmente, la Ley 35/2011 de Protección del Medio Natural y del Paisaje exige planes de adaptación obligatorios para explotaciones superiores a 100 hectáreas —pero no contempla incentivos fiscales para su implementación. La práctica muestra que sin financiación ágil, formación técnica y acceso a tierra, la transición agroecológica sigue siendo una promesa lejana.
