La Política Agraria Común (PAC) es el pilar financiero y regulatorio de la agricultura y ganadería europeas. En 2026, su reforma está en fase crítica. Castilla-La Mancha, con más de 4,2 millones de hectáreas cultivadas y 1,8 millones de hectáreas de pastos, depende de ella para el 37 % de sus ingresos agrarios. Sin una postura firme, la región podría perder hasta 120 millones de euros anuales.
¿Por qué la PAC 2026-2032 es decisiva para Castilla-La Mancha?
Emiliano García-Page ha advertido que la propuesta inicial de la Comisión Europea recorta fondos directos y vincula ayudas a exigencias medioambientales más estrictas. Eso afecta directamente a explotaciones extensivas, como las de cereal, olivar y ganado ovino de la región.
La región aporta el 14 % de la producción de trigo duro de España y el 22 % de la leche de oveja. Cualquier reducción en las ayudas directas o en los pagos por prácticas sostenibles impacta en la viabilidad de 28.500 explotaciones familiares.
¿Qué exige Castilla-La Mancha en la negociación de la PAC?
Page ha impulsado una alianza con Andalucía, Extremadura y Aragón para exigir tres condiciones clave:
Garantía de estabilidad financiera
La región exige que el presupuesto total de la PAC no caiga por debajo del 0,37 % del PIB comunitario. Actualmente está en 0,41 %. Una caída afectaría a los pagos directos, que representan el 62 % de los ingresos agrarios en la región.
Flexibilidad en los ecoesquemas
Los ecoesquemas deben adaptarse a realidades locales. En zonas semiáridas como La Mancha, exigir rotación obligatoria de cultivos sin agua es inviable. Se propone sustituirlo por incentivos al almacenamiento de carbono en suelos y al uso eficiente del agua.
Protección de la ganadería extensiva
La PAC debe reconocer el valor ambiental de la ganadería extensiva. En Castilla-La Mancha, 720.000 cabezas de ovino mantienen mosaicos de pastos que previenen incendios y conservan biodiversidad. Eso merece una categoría específica de ayuda.
¿Cuál es el impacto económico real de la PAC en España?
La PAC representa el 34 % del presupuesto agrario nacional. En 2025, España recibió 7.100 millones de euros. De ellos, 1.240 millones correspondieron a Castilla-La Mancha. Cada euro de PAC genera 2,3 euros en actividad económica regional, según el Instituto de Estudios Económicos de la región.
La reforma también afecta al mercado laboral agrario: 112.000 empleos directos dependen de la PAC en la comunidad. Una reducción del 10 % en fondos podría implicar la pérdida de 4.800 puestos, sobre todo entre jóvenes y mujeres agricultoras.
¿Qué marco legal regula la negociación actual?
La reforma se rige por el Reglamento (UE) 2021/2115, que establece los pilares de la PAC 2023-2027 y su prórroga hasta 2032. El Plan Estratégico Nacional (PEN) es el instrumento clave: cada Estado miembro lo negocia con Bruselas. España presentó su PEN en marzo de 2026, pero aún falta la aprobación definitiva del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, prevista para septiembre de 2026.
Castilla-La Mancha ha presentado 17 enmiendas técnicas al PEN español, centradas en la simplificación administrativa y la reducción de cargas burocráticas para pequeñas explotaciones.
Datos Clave
- Castilla-La Mancha recibe 1.240 millones de euros anuales de la PAC.
- El 37 % de los ingresos agrarios regionales provienen de ayudas directas.
- Se prevé una caída del 8,2 % en fondos para medidas agroambientales si no se corrigen las propuestas de Bruselas.
- El 63 % de las explotaciones manchegas tienen menos de 25 hectáreas y necesitan trámites simplificados.
- La región lidera la producción europea de aceituna de mesa y queso manchego DOP.
La negociación de la PAC no es solo técnica. Es una defensa de la soberanía alimentaria, la cohesión territorial y la sostenibilidad real. García-Page ha dejado claro que no se trata de resistir el cambio, sino de exigir que el cambio sea justo, local y viable. La presión regional ya ha logrado que la Comisión revise tres apartados clave del borrador inicial. La batalla sigue, pero el frente está unido.
