La Generalitat Valenciana ha aprobado un incremento retributivo de 10 millones de euros para el Complemento Específico de los funcionarios de Justicia. El aumento entra en vigor el 1 de septiembre de 2026 y se traduce en una subida media de 180 euros mensuales. Este acuerdo refuerza la estabilidad laboral de 5.800 empleados públicos y responde a una reivindicación histórica del sector.
¿Qué implica el nuevo incremento del Complemento Específico?
El Complemento Específico (CE) es una retribución adicional vinculada a la naturaleza técnica, responsabilidad o dificultad de los puestos en Justicia. El nuevo paquete de 10 millones de euros se suma a los 5 millones ya ejecutados en 2025. En total, la actual legislatura ha destinado 15 millones de euros adicionales al CE en dos años.
Esto contrasta con los 780.000 euros asignados durante la última legislatura del Botànic. La diferencia refleja un cambio de prioridad presupuestaria hacia la atención a los cuerpos técnicos de Justicia.
¿A qué colectivos afecta directamente?
El aumento beneficia a cuatro cuerpos clave:
- Médicos forenses
- Gestión procesal y administrativa
- Tramitación procesal y administrativa
- Auxilio judicial
Todos ellos operan bajo la dependencia de la Conselleria de Justicia y son esenciales para la eficiencia del sistema judicial valenciano.
¿Cómo se financia este aumento retributivo?
La partida proviene del presupuesto de la Conselleria de Hacienda, tras negociación en la mesa sectorial de Justicia. No se trata de una medida aislada: se articula con el Programa de Actuación de la Trayectoria Profesional (PATP), cuya dotación ha subido este año en 600.000 euros —de 13.019.492 a 13.619.492 euros—.
Esto permite reforzar tanto la retribución fija como la carrera profesional de los funcionarios. El marco legal se sustenta en la Ley de Presupuestos de la Generalitat y en el Estatuto de los Trabajadores Públicos de la Comunitat Valenciana.
¿Qué impacto económico tiene para la administración?
El incremento representa un esfuerzo fiscal sostenible y planificado. Los 10 millones de euros equivalen al 0,12 % del gasto total de la Generalitat en 2026. Además, genera un efecto multiplicador: mejora la retención de talento, reduce la rotación y evita costes asociados a sustituciones y formación.
La inversión también reduce la brecha salarial con otras comunidades autónomas, como Cataluña o el País Vasco, donde el CE ya supera los 300 euros mensuales.
¿Qué dice el marco legal y normativo actual?
El Real Decreto 364/1995, modificado por la Ley 40/2015, regula los complementos retributivos en la función pública. En la Comunitat Valenciana, el Decreto 123/2021 actualiza los criterios de valoración del CE según complejidad funcional y responsabilidad.
La Conselleria de Justicia ha aplicado una revisión técnica objetiva de puestos, validada por la Conselleria de Hacienda. Esto garantiza transparencia y evita impugnaciones administrativas.
¿Qué papel juega la negociación colectiva?
El acuerdo se alcanzó en la mesa sectorial, con participación de CCOO, UGT y CSIF. Es un ejemplo de diálogo social institucionalizado, exigido por la Ley 9/2017 de Función Pública Valenciana. La negociación no solo fijó el importe, sino también el calendario de pago: efectos desde septiembre, cobro en octubre.
¿Cuáles son los datos clave de este acuerdo?
- Incremento global del Complemento Específico: 10 millones de euros
- Efectos desde el 1 de septiembre de 2026, cobro en octubre
- Subida media estimada: 180 euros mensuales por funcionario
- Total acumulado en dos años: 15 millones de euros
- Ampliación del Programa de Actuación de la Trayectoria Profesional: +600.000 euros en 2026
- Colectivos beneficiados: médicos forenses, gestión procesal, tramitación procesal y auxilio judicial
- Base legal: Decreto 123/2021 y Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público
