La Xunta de Galicia ha archivado de forma definitiva y firme el proyecto de la planta Greenfiber de Altri en Palas de Rei (Lugo). La decisión se basa en la imposibilidad técnica y regulatoria de garantizar una conexión eléctrica viable. El proyecto, que prometía inversión y empleo en la comarca, colapsó ante la exclusión de su subestación de la planificación energética nacional.
¿Qué provocó el archivo definitivo del proyecto Greenfiber?
La Xunta inició el proceso de archivo en febrero de 2026. El detonante fue la falta de conexión eléctrica. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no incluyó la subestación requerida en su planificación eléctrica. Sin esa infraestructura, la planta no podía operar conforme a la normativa de seguridad y suministro.
Altri, a través de su filial Greenfiber, presentó alegaciones. Afirmó que el enchufe no era «imprescindible» y que ya había solicitado una alternativa. La Xunta rechazó esas alegaciones como inadecuadas e insuficientes.
¿Qué dice la resolución administrativa de la Xunta?
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, confirmó que la resolución es definitiva y firme. Aclaró que se trata de un acto administrativo sujeto a recurso contencioso-administrativo. No implica un veto político, sino una evaluación técnica basada en viabilidad energética y cumplimiento legal.
El archivo no cuestiona la calidad del proyecto industrial. Sí pone en evidencia la dependencia crítica de los grandes proyectos de inversión respecto a la planificación energética estatal.
¿Cuál es el impacto económico real del fracaso del proyecto?
La planta Greenfiber prometía una inversión de más de 300 millones de euros y la creación de 400 puestos de trabajo directos. Su ubicación en Palas de Rei buscaba revitalizar una comarca con alta tasa de despoblación y escasa diversificación productiva.
Su cancelación genera un vacío económico significativo. También afecta a la cadena de proveedores locales y a los planes de desarrollo rural de la provincia de Lugo. El retraso en la atracción de inversión verde en Galicia se agrava ante la competencia de otras comunidades con infraestructura energética garantizada.
¿Qué marco legal y regulatorio determinó el fin del proyecto?
El expediente se rige por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Eléctrico y por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). La exclusión de la subestación de la planificación estatal implica que no se puede autorizar su construcción ni su conexión a la red de transporte.
Además, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental exige que los proyectos industriales demuestren viabilidad técnica completa. La falta de suministro eléctrico estable incumple ese requisito esencial.
Datos Clave
- La Xunta archivó el expediente en julio de 2026 tras tres meses de alegaciones.
- El factor determinante fue la exclusión de la subestación del PNIEC 2023–2030.
- Altri presentó un informe independiente que avalaba su viabilidad, pero la Xunta lo consideró insuficiente.
- El recurso contencioso-administrativo es la única vía legal restante para Altri.
- El proyecto formaba parte de la estrategia de industria verde de la Xunta y de la UE.
Contexto actual y desafíos estructurales
El caso Greenfiber refleja una tensión creciente entre las ambiciones regionales de descarbonización y la lentitud en la actualización de la infraestructura energética nacional. Mientras Galicia impulsa proyectos de biomasa avanzada, el retraso en la planificación eléctrica frena su materialización. Esto afecta directamente a los objetivos del Fondo de Transición Justa y a la credibilidad de los planes de reindustrialización verde en zonas rurales.
La decisión también pone en tela de juicio la coordinación entre administraciones. La Xunta no puede imponer una conexión eléctrica si el Ministerio no la incluye en su planificación. Esa desconexión institucional se ha convertido en un cuello de botella para la inversión sostenible en España.
