El Congreso ha aprobado la transferencia de la AP-9 a la Xunta de Galicia, incluyendo tanto su gestión como su titularidad. Esta decisión marca un hito en la descentralización de infraestructuras viarias. El PP y Vox votaron en contra. El PSOE, BNG y Sumar impulsaron la ley orgánica tras un acuerdo previo. La Xunta ya ha enviado una carta formal al Ministerio de Transportes exigiendo revertir el cambio.
¿Qué cambia con la transferencia de la AP-9 a Galicia?
La AP-9 deja de ser competencia exclusiva del Estado. Ahora la Xunta asume titularidad plena, lo que incluye la capacidad de decidir tarifas, mantenimiento, inversión y concesión de obras. Antes, solo gestionaba operativamente la vía bajo supervisión del Ministerio de Transportes.
Esto implica un cambio estructural en el modelo de financiación. Galicia podrá emitir deuda autonómica para obras en la autopista, siempre dentro del marco del Fondo de Liquidez Autonómica y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
¿Cuál es el impacto económico real para Galicia?
La AP-9 concentra el 42 % del tráfico de mercancías en el noroeste. Su control directo permite a la Xunta alinear la infraestructura con el Plan Estratégico de Transportes de Galicia 2030. Se estima que la recaudación anual por peajes supera los 120 millones de euros.
Además, la titularidad facilita la integración con el Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T). Esto abre puertas a fondos europeos como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para digitalización y sostenibilidad.
¿Qué dice la normativa sobre transferencias de infraestructuras?
La Ley Orgánica 2/2023 de Transferencias a las Comunidades Autónomas establece que las vías de interés general pueden cederse si se garantiza la continuidad del servicio y la cohesión territorial. La AP-9 cumple los requisitos: es de uso mayoritariamente autonómico y su trazado no atraviesa más de una comunidad.
El Consejo de Estado emitió un informe previo confirmando la constitucionalidad del traspaso, siempre que se respete el principio de solidaridad interterritorial.
¿Qué reacciones ha generado la decisión política?
El PP denuncia una “ruptura del pacto territorial” y señala que la ley ignora el informe del Consejo de Estado sobre la necesidad de garantías técnicas y financieras previas. Vox califica la medida de “desmembración del Estado de las Autonomías”.
Por su parte, el BNG destaca que la AP-9 es “la columna vertebral del desarrollo gallego” y que su control permite priorizar inversiones en zonas rurales y puertos como el de Vigo o A Coruña.
¿Qué papel juega el Ministerio de Transportes tras la transferencia?
El Ministerio conserva la supervisión técnica y la coordinación con la Red de Carreteras del Estado. No puede intervenir en decisiones operativas, pero sí exigir informes anuales sobre seguridad, sostenibilidad y cumplimiento de estándares europeos.
Datos Clave
- La AP-9 tiene 325 km y conecta La Coruña con Tui, en la frontera con Portugal.
- Genera más de 120 millones de euros anuales en ingresos por peaje.
- El tráfico de mercancías representa el 42 % del total de vehículos.
- La transferencia se basa en la Ley Orgánica 2/2023, no en acuerdos bilaterales.
- La Xunta ya ha presentado 12 exigencias técnicas y financieras al Ministerio de Transportes.
- El Corredor Atlántico de la TEN-T incluye la AP-9 como eje prioritario hasta 2030.
El traspaso de la AP-9 no es solo una cuestión administrativa. Es un indicador de cómo evoluciona la financiación autonómica, la planificación logística y la soberanía territorial en infraestructuras estratégicas. Su éxito dependerá de la transparencia en la gestión, la inversión sostenible y el cumplimiento riguroso del marco legal vigente.
