La transferencia de la AP-9 a Galicia ha entrado en una fase crítica tras la carta de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, al ministro de Transportes, Óscar Puente. Galicia exige regresar a la propuesta inicial, rechazando el acuerdo alcanzado entre PSOE, BNG y Sumar en mayo. El debate final en el Congreso está previsto para el 25 de junio de 2026.
¿Por qué la AP-9 genera tanta tensión política en Galicia?
La AP-9 no es solo una autopista: es un eje estratégico de conectividad, comercio y desarrollo territorial. Su gestión afecta directamente a la recaudación de peajes, mantenimiento, inversiones futuras y competencias autonómicas. La Xunta argumenta que el acuerdo actual debilita su capacidad de planificación integral.
El Parlamento de Galicia aprobó recientemente una proposición del PPdeG que reafirma el compromiso con la transferencia en los términos originales. El texto obtuvo apoyo del PPdeG, pero fue rechazado por BNG y PSdeG. Esta división evidencia una fractura en el consenso previo.
¿Qué dice exactamente la carta de Allegue?
La carta, obtenida por Europa Press, recoge los 12 puntos de la proposición aprobada en el Parlamento gallego. El primero exige respetar íntegramente ese texto. Otros puntos destacan la necesidad de garantizar la continuidad del servicio, la transparencia en la gestión financiera y la participación de la Xunta en decisiones técnicas clave.
La Xunta insiste en que la propuesta inicial incluía mecanismos de control compartido y plazos claros para la asunción de competencias. El acuerdo posterior, según Allegue, omite garantías esenciales sobre inversión y mantenimiento.
¿Cuál es el marco legal y administrativo de la transferencia?
La transferencia se sustenta en el Estatuto de Autonomía de Galicia, reformado en 2023 para ampliar competencias en infraestructuras viarias. También se apoya en la Ley de Carreteras del Estado, que permite ceder gestión de vías de titularidad estatal a comunidades autónomas con capacidad técnica y financiera.
No obstante, el proceso requiere aprobación del Congreso mediante ley orgánica, lo que le otorga rango constitucional. La Comisión de Transportes ya dio luz verde al informe de ponencia, pero con la oposición de PP y Vox. El trámite final depende del pleno del Congreso.
¿Qué impacto económico tiene la AP-9 para Galicia?
La AP-9 genera más de 120 millones de euros anuales en ingresos por peajes. Su gestión directa permitiría a la Xunta reinvertir esos fondos en mantenimiento, seguridad vial y digitalización de la red. Además, el corredor es clave para el corredor atlántico de la UE, con implicaciones en logística y exportaciones.
Un retraso o desacuerdo podría frenar proyectos como la mejora del acceso al puerto de Vigo o la conexión con el aeropuerto de Peinador. También afecta a la inversión extranjera neta, ya que la infraestructura es un factor decisivo para la localización de empresas logísticas y manufactureras.
Datos Clave
- La transferencia de la AP-9 requiere ley orgánica aprobada por el Congreso.
- El Parlamento de Galicia aprobó una proposición del PPdeG que exige volver al acuerdo inicial.
- El informe de la Comisión de Transportes fue aprobado con votos en contra de PP y Vox.
- La AP-9 aporta más de 120 M€ anuales en ingresos por peajes.
- El corredor forma parte del corredor atlántico de la UE, con impacto en comercio exterior.
El conflicto no es solo técnico: es una disputa sobre soberanía competencial, transparencia presupuestaria y modelo de gobernanza. La decisión del Congreso definirá no solo el futuro de la autopista, sino también el grado de autonomía real en infraestructuras viarias. La Xunta insiste en que la propuesta inicial garantizaba equilibrio entre responsabilidad y capacidad de acción. El debate del 25 de junio será determinante para el modelo de descentralización en transporte.
