El Ayuntamiento de Zaragoza ha abierto un procedimiento sancionador contra el bar Señorita Smith, ubicado en el Casco Histórico. La Policía Local lo detectó en dos ocasiones superando el aforo máximo permitido: una vez al 95 % y otra al 112 %. Estas infracciones activan la ley 11/2005, que clasifica el incumplimiento como falta grave. Las multas pueden llegar a 30.000 euros. El caso refleja una tendencia creciente de fiscalización en locales nocturnos tras la entrada en vigor de nuevas directrices de seguridad pública.
¿Qué dice la ley 11/2005 sobre el aforo en bares?
La ley 11/2005 de 28 de diciembre regula el uso del espacio público y las actividades recreativas. Establece que superar el aforo autorizado constituye una falta grave cuando se repite o se acumulan infracciones leves. El aforo no es una recomendación: es un límite técnico vinculado a la seguridad contra incendios, evacuación y salud pública.
¿Cómo se calcula el aforo máximo?
El cálculo depende de la superficie útil, las salidas de emergencia y la tipología del local. Lo gestiona la Gerencia de Urbanismo de Zaragoza. Cada metro cuadrado asigna una capacidad distinta: 0,5 personas/m² en zonas con barra, 1,2 personas/m² en salas con asientos fijos. Los bares deben exhibir el certificado de aforo visible al público.
¿Cuáles son las consecuencias reales de superar el aforo?
Las multas no son el único riesgo. Un exceso de personas puede desencadenar sanciones adicionales por incumplimiento del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI). Además, en caso de emergencia, la responsabilidad penal recae sobre el titular del local. En 2025, tres locales zaragozanos perdieron su licencia tras tres infracciones graves en 12 meses.
¿Qué pasó con el bar Sarao?
El Sarao, otro local de moda en el Casco Histórico, fue sancionado con 3.000 euros por superar el aforo en un 160 %. El expediente incluyó pruebas fotográficas y testimonios de agentes. El caso sentó jurisprudencia local: la repetición de infracciones en menos de 6 meses duplica la cuantía de la multa.
¿Cómo afecta esto al sector hostelero de Zaragoza?
El impacto económico es directo. En 2026, el 18 % de los bares inspeccionados en el Casco Histórico recibieron sanciones por aforo. Esto representa una pérdida estimada de 2,3 millones de euros en multas acumuladas. Además, el 42 % de los locales sancionados reportaron una caída del 15–20 % en reservas tras la notificación pública del expediente. La Confederación Empresarial de Hostelería de Aragón (CEHA) ha pedido reuniones urgentes con el Ayuntamiento para revisar los protocolos de inspección.
¿Qué dice el marco legal autonómico?
La Ley 10/2021 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Aragón refuerza el control municipal. Permite a los ayuntamientos aplicar sanciones inmediatas sin necesidad de informe previo de la Dirección General de Urbanismo. También faculta a los técnicos municipales a cerrar locales de forma cautelar si detectan riesgo inminente para la seguridad.
¿Qué deben hacer los propietarios de bares para evitar sanciones?
Los titulares deben revisar anualmente su certificado de aforo, actualizarlo ante reformas y capacitar al personal en control de acceso. Instalar sistemas de conteo digital no es obligatorio, pero sí reduce un 70 % el riesgo de infracción según datos de la CEHA. También deben conservar registros de aforo diario durante 24 meses: son prueba válida ante recurso administrativo.
Datos Clave
- La ley 11/2005 clasifica el exceso de aforo como falta grave si se repite o agrava.
- Las multas van de 600 a 30.000 euros, según gravedad y reincidencia.
- En 2026, el 18 % de los bares inspeccionados en el Casco Histórico fueron sancionados.
- El Sarao pagó 3.000 euros por superar el aforo en un 160 %.
- El cierre cautelar es posible sin sentencia si hay riesgo inminente para la seguridad.
El control del aforo ya no es una cuestión de cumplimiento formal. Es un eje de gestión de riesgos, responsabilidad penal y sostenibilidad económica para el sector. Zaragoza está aplicando un modelo replicable en otras ciudades turísticas españolas, donde la presión sobre el espacio público ha aumentado un 34 % desde 2023.
