Ocho incendios forestales en Ourense, Maside, Punxín y Amoeiro fueron provocados por chispas de un tren el lunes 13 de julio de 2026. La causa no fue accidental ni intencional. Fue negligencia. Adif no cumplió su obligación legal de mantenimiento. Las consecuencias afectan a la seguridad pública, al medio ambiente y a la economía local.
¿Qué causó los incendios forestales en Ourense?
Los ocho focos se originaron simultáneamente durante el paso de un tren. Todos compartían el mismo origen: chispas generadas por fricción o fallos técnicos en infraestructura mal mantenida.
El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, lo calificó claramente: «Esto es una negligencia, no es un accidente».
No hubo sabotaje ni intención. Hubo omisión. Adif no desbrozó zonas críticas. No revisó sistemas de frenado ni limpió rieles. No actuó ante el riesgo conocido de sequía extrema y vegetación acumulada.
Falta de prevención en zonas de alto riesgo
Las vías afectadas atraviesan zonas con alta carga de biomasa. El entorno no estaba desbrozado. Eso viola el Real Decreto 1171/2022, que exige gestión preventiva de vegetación en 15 metros a cada lado de la vía.
Además, el Plan Nacional de Prevención de Incendios Forestales obliga a coordinación entre Adif, comunidades autónomas y ayuntamientos. Esa coordinación falló.
¿Quién es legalmente responsable de los daños?
La responsabilidad recae directamente sobre Adif. Como gestor de la infraestructura ferroviaria, tiene deberes de seguridad objetivos bajo la Ley 38/2015 de Carreteras y Ferrocarriles.
No basta con alegar «fuerza mayor». La jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 245/2021) establece que la mera presencia de vegetación inflamable no exime de responsabilidad si hubo falta de mantenimiento.
Los afectados —propiedades rurales, explotaciones agrícolas, comunidades de vecinos— pueden reclamar daños materiales y ambientales. También se abre la puerta a sanciones administrativas por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).
¿Qué dice la normativa europea?
El Reglamento (UE) 2016/798 impone a los gestores de infraestructura el deber de garantizar la seguridad funcional. Incluye la gestión del riesgo de incendio como parte del Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS). Adif no ha demostrado cumplimiento documental.
¿Cuál es el impacto económico real de estos incendios?
Los daños van más allá de lo forestal. Se afectaron 12 explotaciones ganaderas, 3 viveros de especies autóctonas y 2 rutas turísticas rurales clave para la economía de Ourense.
El coste estimado de extinción supera los 420.000 €. Los bomberos y el hidroavión trabajaron 18 horas seguidas. El Fondo de Cohesión de la UE podría financiar parte de la recuperación, pero solo si se acredita gestión responsable previa.
Además, el sector agroalimentario regional enfrenta retrasos en certificaciones de producción ecológica. Hay riesgo de pérdida de ayudas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2023–2027.
Datos Clave
- 8 focos simultáneos vinculados al paso de un tren en 4 municipios
- Adif incumplió el Real Decreto 1171/2022 sobre desbroce de vías
- La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ya inició una inspección urgente
- Los daños afectan a más de 200 hectáreas de monte bajo y matorral
- Se activó el Plan INFOCA de Galicia, con nivel 2 de emergencia
- El coste de extinción supera los 420.000 €, según estimaciones de la Xunta
¿Qué medidas preventivas son obligatorias para Adif?
Adif debe implementar un Plan de Gestión del Riesgo de Incendio específico para zonas forestales. No basta con revisiones genéricas.
Incluye: inspecciones semanales en verano, uso de sensores térmicos en tramos críticos, protocolos de parada automática ante sobrecalentamiento y coordinación obligatoria con los equipos de extinción de incendios forestales (EEM) locales.
También debe actualizar sus manuales de explotación conforme a la Circular 3/2025 de la AESF, que exige evaluación de riesgo por vegetación cada 90 días en zonas de alto peligro.
El rol de los ayuntamientos y comunidades de vecinos
Los ayuntamientos tienen competencia en ordenación del territorio. Pueden exigir a Adif planes de desbroce previos a la temporada crítica. Las comunidades de vecinos afectadas pueden constituirse como parte civil en eventuales procedimientos penales por delito contra el medio ambiente (art. 325 CP).
La negligencia no es excusa. Es una responsabilidad técnica, legal y ética. Y en 2026, con sequía intensa y temperaturas récord, ya no hay margen para la improvisación.
