Alicante concentra 1.583,68 MW de potencia fotovoltaica en tramitación: la cifra más alta de la Comunitat Valenciana. Este volumen supera a Valencia y Castellón juntas. El impulso responde a una estrategia territorial clara: grandes plantas de suelo en zonas rurales con baja densidad poblacional y alta irradiación. La transición energética avanza a ritmo acelerado, con impacto directo en el uso del suelo, la economía local y la planificación urbanística.
¿Por qué Alicante lidera la potencia fotovoltaica en tramitación?
Alicante no solo acumula más megavatios, sino que también registra el tamaño medio más alto por proyecto de la región. Esto revela una apuesta por instalaciones industriales, no residenciales. La concentración en los valles del Vinalopó no es casual: terrenos llanos, baja competencia por el uso agrícola intensivo y acceso a infraestructuras eléctricas facilitan la viabilidad técnica y económica.
Monforte del Cid y Elche: los motores del crecimiento
Monforte del Cid lidera con 186,06 MW, seguido de Elche (135,04 MW) y Biar (123,06 MW). Estos tres municipios concentran más del 28 % de la potencia total en tramitación. La cercanía entre ellos permite sinergias en evacuación de energía y gestión de permisos. Además, varios proyectos comparten tramos de red de transporte, reduciendo costes de conexión.
¿Qué impacto tiene esta expansión en la economía local?
La inversión fotovoltaica genera empleo directo en construcción y mantenimiento. También impulsa la demanda de servicios técnicos locales: ingeniería, topografía, asesoramiento jurídico y gestión de licencias ambientales. Sin embargo, hay tensiones: en zonas como Villena o Salinas, agricultores denuncian la conversión de tierras de vid a suelo fotovoltaico. El valor del suelo ha subido hasta un 40 % en algunos núcleos rurales, afectando la viabilidad de explotaciones tradicionales.
El desafío del uso del suelo
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética exige compatibilizar la descarbonización con la protección del suelo no urbanizable. En Alicante, el 72 % de los proyectos en tramitación se ubican en suelo rústico. Esto activa mecanismos de evaluación de impacto agrario y paisajístico. Algunos ayuntamientos ya han aprobado ordenanzas que limitan la superficie fotovoltaica por explotación agrícola.
¿Qué marco legal regula estos proyectos en 2026?
Desde 2023, la Comunitat Valenciana aplica el Decreto 11/2023, que acelera la tramitación de instalaciones renovables mediante procedimientos unificados. Sin embargo, exige informes previos de la Conselleria de Agricultura y del Instituto Geográfico Valenciano. Además, el Real Decreto-Ley 23/2023 obliga a integrar medidas de agrovoltaica en nuevos proyectos sobre suelo agrícola, aunque su aplicación en Alicante aún es limitada.
La fiscalidad y los incentivos
Los promotores acceden a bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) hasta del 90 %, según la Ley 12/2022 de la Generalitat. También pueden optar a ayudas del Programa NextGenerationEU para almacenamiento y gestión inteligente de energía. Estas ventajas explican parte de la aceleración en las solicitudes.
¿Cuáles son los datos clave de la radiografía fotovoltaica de Alicante?
- 1.583,68 MW en tramitación: el 57 % del total de la Comunitat Valenciana.
- Villena registra el mayor volumen provincial acumulado: 298,92 MW.
- Monforte del Cid lidera por municipio con 186,06 MW, seguido de Elche y Biar.
- El 92 % de los proyectos superan los 10 MW: modelo claramente industrial.
- 72 % se ubican en suelo rústico, generando debate sobre sostenibilidad agraria.
- La media de tamaño por proyecto es de 28,7 MW, frente a los 14,2 MW de Valencia.
El crecimiento fotovoltaico en Alicante no es solo una tendencia técnica: es un fenómeno económico, legal y territorial. Requiere equilibrio entre descarbonización, empleo y protección del territorio. La velocidad de los trámites no puede eclipsar la calidad de las evaluaciones ambientales ni la participación ciudadana. La próxima fase dependerá de cómo se articulen los planes de ordenación energética municipal y la integración real con el sector primario.
