En un reciente fallo, el Tribunal Supremo de España ha instado al Gobierno a tomar medidas inmediatas para garantizar la acogida de mil menores migrantes no acompañados en las Islas Canarias. Esta decisión surge tras la constatación de que la falta de plazas en el Sistema de Protección Internacional ha dejado a estos menores en una situación de vulnerabilidad extrema. La situación se ha vuelto crítica, y los magistrados han subrayado que la Administración estatal no ha mostrado un compromiso efectivo para abordar esta problemática.
La Sala del Tribunal Supremo, después de una vista celebrada el 29 de mayo, ha señalado un «claro incumplimiento» de las medidas cautelares que se habían acordado previamente. En este sentido, se destaca que durante los dos meses transcurridos desde la última evaluación, no se ha realizado ninguna valoración de los menores, lo que ha llevado a una falta de conocimiento sobre sus derechos y necesidades. Este incumplimiento ha sido calificado como inaceptable, especialmente considerando que se trata de menores en situaciones de vulnerabilidad.
### Medidas exigidas por el Tribunal Supremo
El auto del Tribunal Supremo establece una serie de medidas que el Gobierno debe implementar de manera urgente. En primer lugar, se requiere que en un plazo improrrogable de 30 días, se dote a las oficinas administrativas encargadas de la tramitación de solicitudes de protección internacional con los recursos necesarios. Esto incluye tanto medios personales como materiales, para asegurar que las solicitudes sean formalizadas y tramitadas en un tiempo razonable. En particular, se establece que no debe transcurrir más de seis días entre la manifestación de la voluntad de solicitar protección y la formalización de la solicitud.
En segundo lugar, el Tribunal ha ordenado que en un plazo de 15 días se articule la colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias. Esto implica poner a disposición de la comunidad los recursos necesarios para garantizar que los menores migrantes tengan acceso a un sistema de acogida adecuado. La falta de recursos ha sido un factor determinante en la crisis actual, y el Tribunal ha enfatizado la necesidad de una respuesta coordinada y eficaz.
Además, se ha solicitado que se identifiquen a los responsables de cumplir con estas medidas en cada uno de los Ministerios involucrados. Esta identificación es crucial para asegurar que haya rendición de cuentas en el proceso. Finalmente, se ha establecido que el Gobierno debe informar a la Sala cada 15 días sobre el avance en la implementación de estas medidas, advirtiendo que se adoptarán medidas coercitivas en caso de incumplimiento.
### Contexto de la crisis migratoria en Canarias
La crisis de los menores migrantes en Canarias no es un fenómeno nuevo, sino que ha ido en aumento en los últimos años. Las islas han sido un punto de llegada para muchos migrantes que intentan alcanzar Europa, y la situación se ha visto agravada por la falta de recursos y la saturación de los centros de acogida. La llegada de menores no acompañados ha planteado desafíos significativos para el sistema de protección infantil, que ya se encuentra bajo presión.
Los menores migrantes, al ser solicitantes de asilo, tienen derechos específicos que deben ser garantizados por el Estado. Sin embargo, la realidad ha demostrado que muchos de estos derechos no se están cumpliendo adecuadamente. La falta de atención y recursos ha llevado a situaciones de hacinamiento y desprotección, lo que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
La intervención del Tribunal Supremo es un reflejo de la urgencia de la situación y de la necesidad de que el Gobierno actúe de manera decisiva. La protección de los derechos de los menores migrantes no solo es una obligación legal, sino también un imperativo moral. La sociedad española debe ser consciente de la realidad que enfrentan estos jóvenes y exigir que se tomen las medidas necesarias para garantizar su bienestar y seguridad.
La presión sobre el Gobierno para abordar esta crisis se intensificará a medida que más casos de incumplimiento salgan a la luz. La comunidad internacional también está observando de cerca la situación en Canarias, y cualquier fallo en la gestión de esta crisis podría tener repercusiones significativas para la imagen de España en el ámbito de los derechos humanos. La responsabilidad de proteger a los más vulnerables recae en el Estado, y es imperativo que se actúe con rapidez y eficacia para evitar que la situación se agrave aún más.
