Eduardo García Unibaso ha sido condenado a seis años y medio de cárcel por estafa continuada agravada. Su esposa, Ana María Vicente Oset, conocida como Anita la fantástica, sigue prófuga. Juntos usaron Aupa Travel SL para defraudar a más de 250 personas con viajes inexistentes. La sentencia incluye una multa de 6.600 euros y una indemnización de 730.000 euros a las víctimas. Este caso expone fallos estructurales en la supervisión de agencias turísticas y en la ejecución de penas cuando hay fugas transfronterizas.
¿Qué hizo Aupa Travel SL para cometer la estafa?
Aupa Travel SL actuó como sociedad pantalla, sin licencia turística válida ni garantías legales. Ofrecía paquetes vacacionales con precios irresistibles, pero nunca reservaba hoteles ni transportes. Las víctimas pagaban por adelantado y recibían confirmaciones falsas.
El modus operandi incluía:
- Uso de dominios web clonados de operadores legítimos.
- Facturas emitidas con IVA sin estar dadas de alta en Hacienda.
- Transferencias a cuentas personales en paraísos fiscales.
- Cambio constante de razón social para eludir inspecciones.
¿Por qué sigue huida Ana María Vicente Oset?
Vicente Oset tiene 36 condenas previas por estafa, pero nunca ha cumplido pena efectiva. Su perfil se ajusta al de delincuente reincidente especializado, con capacidad para evadir órdenes de busca y captura mediante documentación falsa y redes de apoyo en países sin convenio de extradición con España.
Factores que dificultan su detención:
- Ausencia de alerta roja de Interpol por falta de solicitud formal del juez.
- Uso de pasaportes de terceros países obtenidos mediante identidad suplantada.
- Residencia en zonas con baja cooperación judicial (norte de África y este de Europa).
¿Qué responsabilidad tienen las plataformas de pago y bancos?
Los tribunales han señalado que entidades financieras y pasarelas como PayPal no aplicaron controles de due diligence suficientes. Las cuentas de Aupa Travel recibieron más de 1,2 millones de euros en 18 meses, sin que se activaran alertas de operaciones sospechosas.
El marco legal aplicable:
- Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales.
- Reglamento UE 2015/847 sobre identificación del cliente.
- Directiva 2018/843 (AMLD5), que exige vigilancia reforzada en sectores de alto riesgo como el turismo online.
¿Qué impacto económico y social tiene este caso?
La estafa afectó a familias enteras que destinaron ahorros de años a viajes que nunca existieron. El déficit de confianza en el sector turístico se ha agravado, especialmente entre mayores y colectivos vulnerables. Además, el Estado ha asumido costes judiciales superiores a 180.000 euros y gastos de investigación internacional.
Datos Clave
- Más de 250.000 euros estafados directamente a consumidores.
- 730.000 euros en indemnizaciones reconocidas por la Audiencia Provincial de Madrid.
- 36 condenas previas acumuladas por Ana María Vicente Oset.
- 18 meses de actividad fraudulenta sin intervención regulatoria.
- 0% de recuperación efectiva del dinero por las víctimas hasta la fecha.
El caso Aupa Travel no es aislado. Refleja una brecha real entre la normativa de protección al consumidor y su aplicación práctica. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios exige garantías reales para servicios turísticos, pero la falta de inspección activa y sanciones disuasorias permite que operadores sin licencia sigan funcionando. Desde 2023, el Instituto Nacional de Consumo ha detectado un 42 % más de denuncias por estafas en agencias online no registradas. La UE impulsa ahora el Reglamento sobre servicios digitales (DSA) para obligar a plataformas a verificar la identidad de vendedores profesionales. Mientras tanto, las víctimas siguen sin acceso real a la reparación. La sentencia contra García Unibaso marca un precedente, pero su efectividad depende de la captura de Vicente Oset y de reformas en la coordinación entre Hacienda, Policía Nacional y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
