La situación legal del exconcejal Jorge Bellver ha tomado un giro inesperado tras su citación como investigado en el caso Azud, un escándalo que ha sacudido la política valenciana. Bellver, quien fue concejal del Ayuntamiento de València durante la alcaldía de Rita Barberá, ha decidido recurrir esta citación, argumentando que no se ajusta a derecho y que afecta gravemente sus derechos. La citación, programada para el 17 de noviembre, se produce en un contexto de acusaciones sobre presuntos favores urbanísticos que benefician al empresario Jaime Febrer, quien supuestamente actuó con la intermediación de José María Corbín, cuñado de Barberá.
La defensa de Bellver se centra en la premisa de que su citación como investigado es errónea. Según su abogada, el fiscal Anticorrupción había señalado que Bellver estaba bajo investigación desde un auto del 1 de octubre de 2019, pero este hecho es cuestionado por la defensa. En ese momento, Bellver era diputado de las Corts Valencianes, lo que le otorgaba el estatus de aforado, y por lo tanto, cualquier investigación debería haber sido llevada a cabo por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La letrada de Bellver sostiene que el Juzgado de Instrucción no tenía competencia para investigar a su cliente, lo que pone en tela de juicio la validez de la citación.
Además, la defensa argumenta que un auto del caso Azud, emitido el 29 de enero de 2021, descartaba la posibilidad de elevar la exposición razonada al TSJCV debido a la falta de indicios suficientes. Esto genera una contradicción en la solicitud de la Fiscalía, que ahora busca que Bellver declare como investigado basándose en una resolución que previamente afirmaba que no había pruebas suficientes para proceder.
La investigación del caso Azud ha revelado que Bellver recibió regalos de Febrer entre 2003 y 2007, periodo en el que ocupó cargos relevantes en el Ayuntamiento de València, incluyendo el de concejal de Urbanismo y gerente de Aumsa, la sociedad municipal de promoción urbanística. A pesar de las acusaciones, la defensa de Bellver niega cualquier ilícito penal y sostiene que, si se refieren a hechos de 2007, estos estarían prescritos. La letrada enfatiza que la investigación solo podría considerarse válida a partir de la providencia del 23 de octubre de 2025, y no antes.
La situación se complica aún más al recordar que el Juzgado de Instrucción 13 de València había consultado a las Corts en 2022 sobre el estatus aforado de Bellver, lo que indica que el proceso legal se ha visto marcado por confusiones y errores administrativos. En ese momento, Bellver era vicepresidente de las Corts, lo que imposibilitaba su investigación por parte del juzgado. La jueza Pepa Tarodo había ofrecido a Bellver la oportunidad de personarse en el caso, pero la causa se detuvo en ese instante, dejando a la opinión pública en la incertidumbre sobre el futuro del exconcejal.
El caso Azud ha sido un tema candente en la política valenciana, y la figura de Bellver se ha convertido en un punto focal de controversia. La defensa de Bellver ha manifestado su intención de luchar contra lo que consideran una injusticia, mientras que la Fiscalía continúa su labor en la investigación. La citación de Bellver, junto con la aparición de otros personajes políticos en el caso, ha reavivado el debate sobre la corrupción en la política local y la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas.
A medida que se acerca la fecha de la declaración, la atención se centra en cómo se desarrollarán los acontecimientos y qué implicaciones tendrá para Bellver y otros involucrados en el caso. La política valenciana se encuentra en un momento crítico, y la resolución de este caso podría tener repercusiones significativas en el panorama político de la región. La ciudadanía observa con interés cómo se desenvuelven los acontecimientos, esperando que la justicia prevalezca y que se esclarezcan las acusaciones que han manchado la reputación de figuras públicas en la Comunitat Valenciana.
