La Xunta de Galicia ha activado una convocatoria urgente para revertir el despoblamiento rural mediante la rehabilitación de viviendas en municipios de menos de 20.000 habitantes. Las ayudas, publicadas en el DOG el 15 de mayo de 2026, ofrecen hasta 20.000 euros por vivienda y están abiertas desde el 16 de mayo hasta el 15 de julio. El objetivo es vincular vivienda y empleo: los inmuebles rehabilitados deben alquilarse o cederse a trabajadores locales de empresas del entorno.
¿Quiénes pueden solicitar las ayudas para rehabilitar viviendas rurales?
Las solicitudes están abiertas a tres colectivos: personas físicas propietarias, empresas privadas y ayuntamientos. Cada uno debe cumplir un compromiso específico. Las personas y empresas deben garantizar que la vivienda rehabilitada se destinará al alojamiento de sus empleados. Los concellos, en cambio, deben firmar un instrumento jurídico de colaboración con empresas locales para gestionar la cesión o alquiler.
Requisitos clave para acceder
- La vivienda debe estar ubicada en un municipio gallego con menos de 20.000 habitantes.
- Debe ser de uso residencial y no estar destinada a turismo o segunda residencia.
- El beneficiario debe comprometerse a mantener la vivienda en régimen de alquiler o cesión a trabajadores durante, al menos, cinco años.
- Las obras deben cumplir con la normativa de eficiencia energética y accesibilidad mínima.
¿Cuánto dinero se destina y cómo se reparte?
El presupuesto total asciende a 1,5 millones de euros, distribuidos en dos anualidades: 600.000 euros para 2026 y 900.000 euros para 2027. La mitad del total (750.000 €) va destinada a particulares y empresas que rehabiliten viviendas para sus trabajadores. La otra mitad se asigna a los ayuntamientos que formalicen acuerdos de colaboración con empresas del territorio.
¿Qué cubren las ayudas exactamente?
Las subvenciones financian reformas estructurales: instalación de calefacción eficiente, aislamiento térmico, renovación de instalaciones eléctricas y de agua, y adaptaciones para personas con discapacidad. No cubren gastos de mobiliario, decoración ni obras de lujo. El importe máximo por vivienda es de 20.000 euros, con un límite del 80 % del coste total de la obra.
¿Qué impacto económico y social tiene esta medida?
Esta política responde a una crisis demográfica aguda: Galicia perdió más de 100.000 habitantes entre 2011 y 2021, y el 72 % de sus municipios rurales tiene menos de 1.000 habitantes. La medida no solo impulsa la rehabilitación edificatoria, sino que genera empleo local en construcción, fontanería y electricidad. Además, fomenta la estabilidad laboral al reducir la fuga de talento joven hacia las ciudades. Desde el punto de vista fiscal, se alinea con el Plan Estatal de Vivienda 2022–2025 y con los fondos NextGenerationEU destinados a cohesión territorial.
Marco legal y vinculación con normativa estatal
La orden se sustenta en la Ley 2/2016 de Vivienda de Galicia y en el Real Decreto 219/2022, que regula las ayudas para la rehabilitación energética. También incorpora los requisitos del Reglamento (UE) 2021/1060 sobre gestión de fondos europeos. Cualquier incumplimiento del compromiso de alquiler a trabajadores implica la devolución proporcional de la ayuda.
¿Cómo se articula la vinculación entre vivienda y empleo?
La Xunta exige una vinculación contractual comprobable: contrato laboral vigente, nómina o certificado de alta en la Seguridad Social del trabajador alojado. No basta con una mera promesa. Además, los ayuntamientos deben incluir en sus planes municipales de vivienda una sección específica sobre vivienda para trabajadores. Esta exigencia refuerza la transparencia administrativa y evita usos especulativos.
Datos Clave
- Plazo de solicitud: del 16 de mayo al 15 de julio de 2026.
- Importe máximo por vivienda: 20.000 euros.
- Duración mínima del compromiso de alquiler: 5 años.
- Municipios elegibles: todos los de menos de 20.000 habitantes en Galicia.
- Financiación total: 1,5 millones de euros (600.000 € en 2026, 900.000 € en 2027).
- Beneficiarios directos: personas físicas, empresas y ayuntamientos.
- Requisito obligatorio: certificación de vinculación laboral del ocupante.
El programa forma parte de una estrategia más amplia: la Estrategia Gallega de Población y Despoblación 2030. Su éxito dependerá de la coordinación entre administraciones locales, empresas y técnicos especializados en rehabilitación sostenible. No es solo una ayuda económica. Es un mecanismo de cohesión territorial con impacto directo en la competitividad de las zonas rurales.
