La mañana del 13 de marzo de 2026, la Policía Nacional llevó a cabo la detención de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, en el contexto de una investigación que ha estado en curso durante varios meses por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Esta investigación se centra en el programa de bonos consumo implementado en 2022 y 2023 en múltiples municipios de la provincia de Alicante. Además de la detención, se realizó un registro en la sede de Facpyme, la Federación de Comercios y Pymes de la provincia, donde los agentes recabaron información y documentación relevante para el caso.
La detención de Baño se produjo justo antes de que él tuviera que presentar un programa de turismo, acto del cual no asistió. La vicepresidenta segunda de la Cámara, Eva Miñano, justificó su ausencia alegando un «imprevisto», aunque la situación generó un ambiente de inquietud entre los asistentes. Tras la noticia, el secretario general de la Cámara, Andrés Sevila, abandonó rápidamente la sala, lo que sugiere la gravedad del asunto. Fuentes oficiales de la Cámara han indicado que no emitirán declaraciones al respecto, considerando que se trata de un tema que afecta exclusivamente a Facpyme y su gestión de los bonos consumo.
La investigación de la Fiscalía se centra en un presunto delito de fraude de subvenciones, con el objetivo de determinar si Facpyme, bajo la presidencia de Baño, se benefició de manera indebida al ejecutar las campañas de bonos comercio a través de una sociedad instrumental. Este programa, impulsado por la Diputación de Alicante, tenía como finalidad reactivar la economía local tras la pandemia, invirtiendo un total de 58 millones de euros entre 2022 y 2024. Se buscaba fomentar las compras en comercios locales y sensibilizar a los consumidores sobre la importancia de apoyar el comercio de proximidad.
La Diputación, que subvencionaba el 50% del importe de los bonos adquiridos por los consumidores, transfería estas ayudas a los ayuntamientos, quienes a su vez convenían con entidades colaboradoras para la ejecución del programa. Facpyme y la Cámara de Comercio, ambas presididas por Baño, fueron las entidades encargadas de gestionar estas ayudas. Sin embargo, la investigación se ha centrado en la mercantil Nexo Retail Alicante S.L., constituida por Facpyme poco antes del lanzamiento del programa de bonos comercio. Esta sociedad, de la que Baño es administrador único, se estableció con el objetivo de gestionar las ayudas, dado que una organización sin ánimo de lucro como Facpyme no podía manejar transacciones económicas.
La situación ha generado un gran revuelo en el ámbito empresarial y político de la provincia. Carlos Baño, quien ha mantenido buenas relaciones con figuras políticas relevantes, como el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se enfrenta a serias acusaciones que podrían tener repercusiones significativas en su carrera y en la confianza depositada en la Cámara de Comercio. La falta de claridad sobre si Baño deberá cesar en sus funciones como presidente de la Cámara añade incertidumbre a la situación, así como la posibilidad de que su vicepresidente, Jesús Navarro, asuma temporalmente el cargo.
La investigación por parte de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se encuentra en una fase crítica, y se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre el alcance de las irregularidades y las posibles implicaciones legales para Baño y otros involucrados. La comunidad empresarial de Alicante está atenta a los desarrollos de este caso, que no solo afecta a la reputación de sus líderes, sino también a la confianza en las instituciones que promueven el desarrollo económico local.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y control en la gestión de fondos públicos, especialmente en programas destinados a la reactivación económica. La detención de Carlos Baño es un recordatorio de que la corrupción puede infiltrarse en cualquier nivel de la administración pública y que es fundamental que se tomen medidas para prevenir y sancionar estas prácticas. La Cámara de Comercio de Alicante, una institución clave para el desarrollo empresarial en la región, se encuentra en un momento crítico que podría definir su futuro y el de sus líderes.
