Las relaciones entre el Gobierno español y sus socios de investidura se han vuelto más complejas tras la reciente resolución de la ONU sobre el Sáhara Occidental. Este conflicto, que ha perdurado durante décadas, ha resurgido con fuerza en el debate político español, especialmente después de que varios partidos, incluyendo EH Bildu, ERC y el BNG, solicitaran la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el Congreso. La razón detrás de esta solicitud es la percepción de que el Gobierno está respaldando un plan de autonomía propuesto por Marruecos, lo que ha generado un fuerte rechazo entre estas formaciones políticas.
La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, emitida el 31 de octubre, ha sido interpretada por Marruecos como una «victoria histórica». Este país considera que el plan de autonomía que propone para el Sáhara Occidental es una solución viable y realista. Sin embargo, la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, sigue considerando al Sáhara Occidental como un «territorio no autónomo», lo que implica que el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación sigue siendo un tema de controversia.
Los partidos que han solicitado la comparecencia de Albares argumentan que el Gobierno debe defender el cumplimiento del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) y abogar por la celebración de un referéndum de autodeterminación. En una nota de prensa, estos grupos políticos han enfatizado que el respeto al derecho internacional y la libre determinación del pueblo saharaui son principios irrenunciables en la política exterior de cualquier democracia.
Este conflicto no es nuevo, ya que se cumplen 50 años desde la Marcha Verde, un evento que marcó la invasión marroquí del Sáhara español. En este contexto, las formaciones políticas han reiterado su compromiso con el derecho internacional y han instado al Gobierno a adoptar una postura más firme en defensa de los derechos del pueblo saharaui. A principios de octubre, varios partidos, incluyendo PNV, Sumar y Podemos, enviaron una carta a Albares pidiendo que el Gobierno se oponga a un nuevo acuerdo comercial que la Unión Europea está negociando con Marruecos, argumentando que este acuerdo podría afectar negativamente al Sáhara Occidental.
Por otro lado, Sumar ha presentado una proposición no de ley en el Congreso que reafirma el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui y la necesidad de convocar el referéndum que fue prometido por las Naciones Unidas. Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, ha criticado la reciente postura de la ONU, que apoya la idea de que el Sáhara Occidental sea un territorio autónomo dentro de Marruecos. Esta proposición busca que el Gobierno español adopte una política exterior coherente con los principios de autodeterminación e independencia del pueblo saharaui.
La situación actual refleja un momento crítico en la política española, donde las decisiones sobre el Sáhara Occidental no solo afectan las relaciones internacionales, sino que también tienen un impacto directo en la estabilidad del Gobierno. La presión de los socios de investidura y la creciente preocupación por el respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental podrían llevar a un cambio en la política exterior de España, especialmente si se considera la posibilidad de un referéndum que permita al pueblo saharaui decidir su futuro.
En este contexto, el papel del ministro de Asuntos Exteriores se vuelve crucial. La comparecencia de Albares en el Congreso podría ser un momento decisivo para aclarar la postura del Gobierno español y abordar las inquietudes de sus socios políticos. La presión de los partidos que abogan por el respeto al derecho internacional y la autodeterminación del pueblo saharaui podría influir en la dirección que tome el Gobierno en los próximos meses.
La situación en el Sáhara Occidental sigue siendo un tema de gran relevancia en la política española, y las decisiones que se tomen en este ámbito tendrán repercusiones tanto a nivel nacional como internacional. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será fundamental observar cómo el Gobierno español maneja esta compleja situación y si logra encontrar un equilibrio entre sus compromisos internacionales y las demandas de sus socios de investidura.
