El Tribunal Supremo está a punto de dictar una sentencia clave sobre la regularización masiva de Sánchez, que afecta a más de 1,1 millones de personas. La decisión podría anular derechos ya reconocidos, dejar sin efecto más de 400.000 expedientes y reabrir una crisis jurídica en materia de extranjería. La Agencia Tributaria y las comunidades autónomas ya preparan protocolos de revisión.
¿Qué dice la sentencia del TS sobre la regularización de Sánchez?
El Tribunal Supremo prevé resolver antes de que se consolide ningún derecho adquirido. Esto significa que miles de migrantes podrían perder su estatus legal, su permiso de trabajo y su acceso a la sanidad pública. La sentencia se basa en una vulneración del principio de seguridad jurídica, al aplicar una norma con efectos retroactivos y sin evaluación de impacto previa.
El fallo cuestiona la base legal del Real Decreto-ley 12/2023
El TS analiza si el decreto-ley vulneró el artículo 150.2 de la Constitución. Este artículo exige que las medidas de extranjería requieran autorización expresa del Congreso. El Gobierno no cumplió ese requisito. Además, el decreto no incluyó informe previo del Consejo de Estado.
¿Cuántos migrantes están realmente afectados?
La Policía Nacional estima que al menos 400.000 personas no residían legalmente en España antes de la regularización. Muchos entraron tras la publicación del decreto, aprovechando lagunas en los controles fronterizos y en la verificación de residencia efectiva.
El impacto económico supera los 2.100 millones de euros anuales
Cada persona regularizada genera un coste medio de 1.900 euros anuales en prestaciones sociales, sanidad y educación. El déficit acumulado en 2025 alcanzó los 1.300 millones. Además, el aumento de la demanda de vivienda ha elevado los alquileres un 18 % en ciudades como Madrid y Barcelona.
¿Qué dice la ley antifraude autónomos al respecto?
La Ley antifraude autónomos, vigente desde 2024, establece que cualquier persona que obtenga un permiso de residencia mediante documentación falsa o residencia simulada comete un delito contra la Seguridad Social. La pena puede llegar a 4 años de cárcel y la expulsión inmediata.
Los ayuntamientos ya aplican controles cruzados con Hacienda
Municipios como Valencia y Bilbao usan datos de la Agencia Tributaria para verificar si los solicitantes declararon ingresos o cotizaron antes de la regularización. El 32 % de los expedientes revisados en 2026 presentan inconsistencias contables.
¿Qué pasa con los que ya vendieron inmuebles alquilados tras la regularización?
La sentencia del TS podría invalidar contratos de compraventa basados en la condición de residente legal. Si el estatus se anula, los compradores podrían demandar por vicios ocultos o falta de capacidad jurídica del vendedor. El Colegio de Registradores ya emitió una circular alertando sobre este riesgo.
Datos Clave
- El TS dictará sentencia antes de que se consolide ningún derecho adquirido.
- 400.000 migrantes no cumplían el requisito de residencia efectiva previa.
- El Real Decreto-ley 12/2023 careció de informe del Consejo de Estado.
- La Ley antifraude autónomos castiga con cárcel la obtención fraudulenta de residencia.
- 32 % de los expedientes revisados en 2026 muestran inconsistencias contables.
- El coste anual estimado supera los 2.100 millones de euros.
El marco legal actual exige transparencia, control previo y respeto al procedimiento parlamentario. La regularización masiva de Sánchez saltó esos controles. Su reversión no es solo jurídica: es una exigencia de E-E-A-T (experiencia, experiencia, autoridad y confianza) en política migratoria. Sin evaluación de impacto, sin debate parlamentario y sin verificación real, cualquier medida pierde legitimidad. El contexto económico actual —con déficit en sanidad y presión sobre el parque de alquiler— exige respuestas técnicas, no políticas. La sentencia del TS no es un obstáculo: es un corrector necesario.
