La Seguridad Social permite recuperar hasta cinco años de cotización por prácticas formativas no remuneradas realizadas antes de 2024. Esta medida corrige una brecha histórica para universitarios, estudiantes de FP, enseñanzas artísticas y deportivas, y participantes en programas de investigación. No requiere experiencia laboral previa ni contrato. Solo exige que las prácticas no hubieran tenido remuneración ni cotización efectiva.
¿Quiénes pueden recuperar años de cotización por prácticas no remuneradas?
Esta opción está abierta a personas que realizaron prácticas formativas sin retribución entre 2019 y 2023. Incluye estudiantes de grado, máster, ciclos formativos, conservatorios, escuelas de arte y deporte, así como becarios en proyectos de I+D+i sin vinculación laboral.
No aplica si hubo contrato en prácticas, convenio de colaboración con remuneración o cotización previa. Tampoco si las prácticas se hicieron bajo régimen especial de autónomos o en el extranjero sin convenio bilateral.
¿Qué documentos se necesitan para solicitarlo?
- Certificado oficial de la entidad formativa que acredite la realización, duración y carácter no remunerado de las prácticas.
- Copia del título o certificación académica parcial.
- DNI o NIE vigente.
- Justificante de no cotización en ese periodo (disponible en la Tesorería General de la Seguridad Social).
¿Hasta cuándo se puede solicitar la recuperación de cotización?
El plazo finaliza el 31 de diciembre de 2028. No hay prórroga automática. Las solicitudes se tramitan exclusivamente mediante convenio especial con la Seguridad Social. No es un trámite automático: el interesado debe presentar la solicitud y abonar las cuotas pendientes.
¿Cuánto cuesta recuperar un año de cotización?
El coste mensual varía entre 40 y 140 euros, según la base mínima de cotización vigente en el año de las prácticas. Por ejemplo, en 2022 la base mínima era de 1.166,70 €, lo que suponía una cuota mensual de unos 122 €. En 2020, con base mínima de 1.050 €, el importe rondaba los 110 €. El total se calcula por mes efectivo de prácticas, sin redondeos.
¿Cómo afecta esto a la pensión de jubilación?
Cada mes cotizado suma al período de cotización efectiva, clave para calcular la pensión mínima y el porcentaje aplicable. Cinco años adicionales pueden elevar la pensión hasta un 15–20 % más, especialmente en perfiles con historiales laborales discontinuos o con largos periodos de inactividad. También mejora el acceso a la jubilación anticipada y reduce la penalización por baja edad de retiro.
¿Qué cambió con la entrada en vigor del 1 de enero de 2024?
Desde esa fecha, todas las prácticas formativas —remuneradas o no— cotizan obligatoriamente a la Seguridad Social. Esto marca un antes y un después: antes, la ausencia de cotización dejaba vacíos en el historial. Ahora, el sistema permite cerrar esos huecos retroactivamente, siempre que se pague la deuda.
¿Qué dice la ley y cuál es el marco legal?
La medida se sustenta en la Ley 21/2023, de medidas urgentes para la modernización del sistema de protección social, y en la Orden TMS/135/2024, que regula los convenios especiales para la recuperación de periodos no cotizados. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el responsable de su aplicación y fiscalización.
El impacto económico es significativo: se estima que más de 1,2 millones de jóvenes podrían acogerse a esta vía. A nivel presupuestario, el Estado prevé recaudar unos 320 millones de euros hasta 2028 por este concepto, sin afectar a las arcas públicas destinadas a pensiones.
Datos Clave
- Se pueden recuperar hasta 60 meses de prácticas no remuneradas entre 2019 y 2023.
- El plazo para solicitarlo finaliza el 31 de diciembre de 2028.
- El coste depende de la base mínima de cotización del año en que se realizaron las prácticas.
- No se requiere estar en situación de alta ni desempleo para acceder.
- Las prácticas deben estar acreditadas por una entidad pública o privada con reconocimiento oficial.
El contexto actual refleja una apuesta clara por la equidad intergeneracional en el sistema de pensiones. Con una tasa de sustitución media del 78 % en España —una de las más altas de la UE—, garantizar cotizaciones tempranas fortalece la sostenibilidad del sistema. Además, esta medida se alinea con la Estrategia Nacional de Pobreza y Exclusión Social 2024–2030, que prioriza la inclusión de jóvenes en el ciclo contributivo desde fases formativas.
