La Audiencia de Valencia ha decidido prorrogar por dos años la prisión provisional de Miguel Tomás V. N., el único imputado en el asesinato del canónigo emérito de la Catedral de Valencia, Alfonso López Benito. Esta decisión se basa en el «grave riesgo de fuga» que representa el acusado, quien enfrenta una pena considerable por el delito de asesinato. La prórroga se produce a tan solo diecinueve días del inicio del juicio, programado del 26 de enero al 3 de febrero de 2026.
### Detalles del Caso y la Prórroga de Prisión
El magistrado José Antonio Mora Alarcón, encargado de presidir el juicio, ha dictado esta prórroga tras evaluar varios factores que indican un riesgo real de fuga. Entre estos factores se encuentran la gravedad del delito, la elevada pena que podría recibir y la proximidad del juicio. Miguel Tomás V. N. ha estado en prisión desde el 24 de enero de 2024, cuando fue detenido poco después del asesinato del canónigo, quien fue hallado muerto en su cama, asfixiado y estrangulado.
La defensa de Miguel Tomás había solicitado su excarcelación, argumentando que su cliente había mostrado buena conducta durante su tiempo en prisión y había regularizado su situación laboral. Sin embargo, el fiscal Antonio Gastaldi se opuso a esta solicitud, enfatizando que la posibilidad de fuga era «humanamente comprensible» dada la severidad de la pena solicitada, que asciende a 28 años de prisión.
El juez ha considerado que, aunque la defensa argumenta la falta de pruebas contundentes en contra de Miguel Tomás, la naturaleza del delito y la situación procesal actual justifican la prórroga de su prisión. La decisión de mantenerlo encarcelado se basa en la necesidad de garantizar que el acusado no se sustraiga a la acción de la justicia antes del juicio.
### La Dinámica del Juicio y las Pruebas Presentadas
El juicio se llevará a cabo en la Ciudad de la Justicia y se espera que dure siete días. Durante este tiempo, se presentarán testimonios tanto de la acusación como de la defensa. Sin embargo, el magistrado ha advertido que no se admitirán como pruebas documentales los atestados policiales o informes que no sean explicados en persona por los agentes involucrados. Esta decisión podría complicar la presentación de pruebas y testimonios, dado que se espera que el jurado evalúe la credibilidad de las declaraciones en un contexto donde las evidencias físicas son escasas.
Hasta el momento, no se ha encontrado ADN ni huellas de Miguel Tomás en la escena del crimen, lo que ha llevado a la defensa a argumentar que su cliente no fue el autor material del asesinato. Además, el fiscal ha reconocido en su acusación que existe la posibilidad de que haya un segundo autor del crimen, lo que añade una capa de complejidad al caso.
La defensa sostiene que Miguel Tomás es culpable de estafa, ya que utilizó las tarjetas del canónigo para realizar compras y retirar dinero, pero niega su implicación en el asesinato. Este argumento se apoya en la falta de pruebas que vinculen a Miguel Tomás directamente con el crimen, lo que ha llevado a la defensa a solicitar su liberación en varias ocasiones, solicitudes que han sido rechazadas hasta ahora.
La situación se complica aún más por la falta de testigos que puedan confirmar la presencia de Miguel Tomás en el lugar del crimen. La defensa ha señalado que el único testigo que podría corroborar su versión de los hechos no fue buscado por la policía hasta mucho después del asesinato, lo que plantea dudas sobre la eficacia de la investigación.
A medida que se acerca la fecha del juicio, la atención se centra en cómo se desarrollarán los procedimientos y qué evidencias se presentarán ante el jurado. La decisión del magistrado de mantener a Miguel Tomás en prisión provisional refleja la seriedad del caso y la importancia de garantizar que se haga justicia en un crimen que ha conmocionado a la comunidad de Valencia.
