El Gobierno valenciano no ha incluido partida alguna para la reducción de la jornada laboral a 35 horas en los Presupuestos de la Generalitat de 2026. La medida entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Afectará a funcionarios de Función Pública, Educación, Sanidad y Justicia. Los sindicatos alertan de riesgos legales y de continuidad presupuestaria.
¿Por qué los Presupuestos de 2026 no contemplan la jornada de 35 horas?
La Conselleria de Hacienda y Función Pública, liderada por José Antonio Rovira, confirmó la ausencia de fondos específicos en la Mesa de Negociación del 1 de junio. La decisión responde a un calendario técnico: la reducción se aplica a partir de 2027, no de 2026.
Esto implica que los costes reales —como reemplazos, reorganización de turnos o ajustes salariales— no impactarán en las cuentas del próximo año fiscal. Pero sí exigirán una previsión financiera sólida en los Presupuestos de 2027, aún no redactados.
El retraso en la aprobación de los Presupuestos de 2026 complica todo
Los Presupuestos de 2026 fueron aprobados en el Pleno del Consell el 5 de junio. Pero su tramitación en Les Corts Valencianes se prolongará hasta julio. Eso deja menos de seis meses para ejecutarlos.
La Ley General Presupuestaria exige que las cuentas anuales entren en vigor el 1 de enero. Si no se aprueban a tiempo, se prorrogan las anteriores. Esto genera incertidumbre en la planificación de políticas como la jornada de 35 horas, que requiere inversión previa en recursos humanos y tecnológicos.
¿Qué implica legalmente la ausencia de la medida en los Presupuestos de 2026?
La jornada de 35 horas no es una decisión unilateral del Ejecutivo valenciano. Depende de la negociación colectiva y del marco del Estatuto de los Trabajadores. También debe alinearse con el Real Decreto-Ley 1/2023, que permite reducciones progresivas con financiación pública.
Sin una partida presupuestaria explícita en 2026, el Gobierno autonómico no puede garantizar la cobertura financiera de la medida en 2027. Eso abre la puerta a impugnaciones legales por parte de sindicatos o incluso del Tribunal de Cuentas.
El impacto económico es real y cuantificable
Estudios del Institut Valencià d’Estudis Econòmics estiman que la reducción a 35 horas afectará a más de 180.000 empleados públicos. El coste anual superará los 320 millones de euros, incluyendo contratación de personal adicional y ajustes operativos.
La falta de previsión en 2026 dificulta la contratación anticipada. También frena la inversión en digitalización de servicios, clave para mantener la productividad con menos horas.
¿Qué dicen los sindicatos sobre la ausencia de la medida?
Las organizaciones sindicales cuestionan la viabilidad de aprobar los Presupuestos de 2027 a tiempo. Ya enfrentan un escenario de prórroga presupuestaria en 2026. Eso limita su capacidad de negociación y debilita su posición ante futuras reformas laborales.
Además, denuncian que la ausencia de la partida no es técnica, sino política. Argumentan que el Gobierno valenciano prioriza otras partidas —como infraestructuras o subvenciones sectoriales— sobre la modernización del empleo público.
Datos Clave
- La jornada de 35 horas entrará en vigor el 1 de enero de 2027, no en 2026.
- Los Presupuestos de 2026 se aprobarán en Les Corts en julio, con menos de seis meses de ejecución.
- La Ley General Presupuestaria exige aprobación antes del 1 de enero o se prorrogan las cuentas anteriores.
- El coste estimado de la medida supera los 320 millones de euros anuales.
- La medida afecta a más de 180.000 empleados de Función Pública, Educación, Sanidad y Justicia.
¿Qué marco legal regula la reducción de jornada en la Administración valenciana?
La Ley 13/2022 de Función Pública de la Generalitat permite adaptaciones horarias con criterios de eficiencia y equilibrio presupuestario. Pero exige que toda modificación estructural tenga cobertura financiera previa.
También se aplica el Acuerdo Marco de Negociación Colectiva 2025–2027, que establece que las reducciones de jornada deben negociarse con al menos seis meses de antelación y con planificación presupuestaria verificable.
Esto convierte la ausencia de partida en 2026 en un riesgo de incumplimiento normativo, no solo de gestión.
El retraso en la aprobación de los Presupuestos de 2026 no es un mero retraso administrativo. Es un indicador de fragilidad institucional. Afecta la credibilidad del Gobierno valenciano ante los sindicatos, los tribunales y los ciudadanos. Y pone en duda su capacidad para cumplir compromisos estructurales como la jornada de 35 horas, que ya no es una promesa electoral, sino una obligación legal en construcción.
