La reciente decisión de la Audiencia Nacional de citar a declarar a varios exlíderes de ETA en relación con el asesinato del concejal del PP, Gregorio Ordóñez, ha reavivado un caso que ha marcado la historia reciente de España. Este acontecimiento no solo refleja la persistencia de la justicia en la búsqueda de la verdad, sino que también pone de manifiesto la complejidad de los procesos judiciales relacionados con el terrorismo en el país.
### Contexto del Asesinato de Gregorio Ordóñez
Gregorio Ordóñez fue asesinado en 1995 en San Sebastián, un acto que conmocionó a la sociedad española y que se enmarca en una época de intensa violencia por parte de ETA. Ordóñez, quien era teniente de alcalde de la ciudad, se convirtió en un objetivo por su firme oposición a la violencia y su defensa de la democracia. El asesinato fue llevado a cabo por el ‘comando Donosti’, un grupo de ETA que operaba en la región. Francisco Javier García Gaztelu, conocido como ‘Txapote’, fue el autor material del crimen, junto a otros dos miembros del comando, Valentín Lasarte y Juan Ramón Karasatorre, apodado ‘Zapata’.
La decisión del juez Francisco de Jorge de citar a declarar a figuras clave de la dirección de ETA, como Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’, y otros, busca esclarecer quiénes fueron los responsables de dar la orden de asesinato. Esta acción judicial es un paso significativo en la lucha por la justicia, ya que se pretende identificar a los que, desde las sombras, planificaron y decidieron llevar a cabo este acto de violencia.
### La Declaración de los Exlíderes de ETA
El juez ha programado las declaraciones para el 10 de septiembre, donde los exlíderes de ETA comparecerán por videoconferencia desde San Sebastián. Se les acusa de delitos de asesinato terrorista y atentado contra la vida de un exdirigente popular. Esta citación es parte de un proceso más amplio que busca no solo justicia para las víctimas, sino también una mayor comprensión de cómo operaba ETA y cómo se tomaban decisiones dentro de la organización.
Los exlíderes de ETA, que se encuentran en libertad, han sido procesados junto a otros miembros de la cúpula de la banda, quienes ya han comparecido ante el juez. A pesar de que algunos de ellos se han negado a responder a las preguntas, el magistrado ha señalado que existen suficientes indicios que sugieren la probabilidad de que hayan ordenado el asesinato de Ordóñez. Este tipo de declaraciones son cruciales para el avance del caso, ya que pueden proporcionar información valiosa sobre la estructura y funcionamiento de ETA en aquellos años.
El juez ha indicado que los cinco acusados formaban parte del comité ejecutivo de ETA, conocido como ‘Zuba’ o ‘Erakundea’, que tomó la decisión de atentar contra Ordóñez en un momento no determinado de 1994. Esta revelación subraya la importancia de la investigación, ya que se busca no solo castigar a los autores materiales, sino también a quienes idearon y planificaron el ataque.
### Ampliación del Plazo de Investigación
En un movimiento adicional, la Audiencia Nacional ha decidido ampliar el plazo de investigación del caso hasta finales de enero de 2026. Esta extensión permitirá al juez continuar recopilando pruebas y testimonios que puedan ser relevantes para el caso. La posibilidad de prorrogar el plazo de investigación es una práctica común en casos complejos, especialmente aquellos relacionados con el terrorismo, donde la recopilación de pruebas puede ser un proceso largo y complicado.
Además, la Sala de lo Penal ha ordenado al juez Ismael Moreno que investigue el asesinato del fiscal Luis Portero, también a manos de ETA. Esta decisión se produce en respuesta a un recurso presentado por el hijo del fiscal, quien ha solicitado que se realicen diligencias adicionales para esclarecer la autoría de notas manuscritas incautadas al ‘comando Andalucía’. La búsqueda de justicia en estos casos es fundamental para las familias de las víctimas, que a menudo han esperado años, incluso décadas, para ver algún tipo de resolución.
La situación actual refleja un momento crucial en la historia judicial de España, donde la lucha contra el terrorismo y la búsqueda de justicia para las víctimas continúan siendo temas de gran relevancia. A medida que se desarrollan estos procesos, la sociedad española observa con atención, esperando que se haga justicia y que se reconozcan los derechos de las víctimas de la violencia terrorista.
