La constructora Acciona se encuentra en el centro de una investigación que ha revelado serias irregularidades en su relación con la empresa Servinabar 2000 SL. Según un informe forense presentado ante la Audiencia Nacional, se ha determinado que aproximadamente el 30% de los trabajos facturados por Servinabar presentan anomalías significativas. Este informe es parte del caso conocido como ‘Caso Koldo’, que investiga la supuesta corrupción en la adjudicación de obras públicas durante la gestión de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021.
### Detalles del Informe Forense
El informe, que abarca más de 150 páginas, detalla las relaciones comerciales entre Acciona y 174 entidades vinculadas a figuras clave en la trama de corrupción. Entre estas figuras se encuentran el corruptor confeso Víctor de Aldama y el exasesor ministerial Koldo García. La auditoría ha puesto de manifiesto que Servinabar, una empresa con la que Acciona ha colaborado en varios contratos, facturó casi siete millones de euros entre 2016 y 2025. Sin embargo, de esta cantidad, cerca de 2,1 millones de euros fueron identificados como problemáticos debido a la falta de pedidos de compra asociados a los pagos.
El informe señala que se han encontrado excepciones injustificadas en el proceso de compras, lo que sugiere que un volumen considerable de transacciones se realizó sin el control administrativo adecuado. Además, se ha evidenciado el uso abusivo de la figura de ‘proveedor singular’, que permite realizar adjudicaciones directas sin la debida justificación de la ausencia de competencia. Este tipo de prácticas son indicativas de un intento de eludir los controles internos establecidos para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión de recursos públicos.
### Análisis de los Pagos y Servicios
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es la falta de acreditación de algunos trabajos realizados por Servinabar. Se descubrió que hasta 18 informes de seguimiento y calidad, que la empresa había cobrado como servicios propios, eran en realidad recopilaciones de información generada por Acciona. Esto plantea serias dudas sobre la calidad y la veracidad de los servicios que se estaban facturando.
Además, el informe menciona métodos de pago anómalos, incluyendo el pago de facturas a un bar en Pamplona por servicios que nunca se prestaron. Este bar, conocido como Bar Franky, ha sido señalado por la Guardia Civil como un posible canal para desviar fondos dentro de la trama de corrupción. La investigación ha llevado a que el juez autorice el análisis de las cuentas bancarias de tres exdirectivos de Acciona que están siendo investigados por su implicación en el caso.
Los exdirectivos, Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, han sido objeto de atención debido a que el 75% de los ingresos de Servinabar durante el periodo bajo sospecha provienen de obras adjudicadas en colaboración con Acciona. Pelegrini, quien era responsable de Construcción en España, fue despedido en junio de 2025 por falta de diligencia en sus responsabilidades, mientras que Olarte y García Alconchel fueron suspendidos tras la revelación de las irregularidades.
El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha defendido la autonomía de Pelegrini en sus gestiones y ha negado la existencia de ‘pagos de facilitación’ en la empresa. Sin embargo, la auditoría interna que se ha llevado a cabo busca aclarar cualquier irregularidad y restaurar la confianza en la gestión de la compañía.
La situación actual de Acciona es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de contratos públicos. La investigación del ‘Caso Koldo’ no solo afecta a la reputación de la empresa, sino que también plantea interrogantes sobre la integridad del sistema de adjudicación de obras públicas en España. A medida que avanza la investigación, se espera que se revelen más detalles sobre las prácticas de contratación y los vínculos entre las empresas y los funcionarios públicos involucrados.
