La reciente investigación en torno a Acciona Construcción ha tomado un giro significativo con las declaraciones de Justo Vicente Pelegrini, exdirector de la empresa, en el Tribunal Supremo. Este caso, conocido como el ‘caso Koldo’, se centra en la supuesta trama de amaños en licitaciones públicas en Navarra, donde se alega que la constructora habría pagado comisiones ilegales a cambio de contratos. La comparecencia de Pelegrini, que se extendió por más de una hora, ha arrojado luz sobre las relaciones entre Acciona y Servinabar, una empresa navarra que se encuentra en el centro de la investigación.
Durante su declaración, Pelegrini defendió los pagos realizados a Servinabar, argumentando que estos correspondían a servicios legítimos y no a comisiones ilegales. Según su testimonio, la empresa de Antxon Alonso, con la que Acciona formó una Unión Temporal de Empresas (UTE), prestó servicios reales relacionados con la prevención de riesgos laborales. Sin embargo, las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción han llevado a solicitar medidas cautelares, incluyendo la retirada del pasaporte de Pelegrini y la prohibición de salir del país.
El magistrado Leopoldo Puente también interrogó a Tomás Olarte, otro alto directivo de Acciona, quien igualmente negó la existencia de pagos ilegales y justificó la relación con Servinabar como parte de un acuerdo legítimo. Las declaraciones de ambos directivos se producen en un contexto donde las investigaciones apuntan a una serie de obras adjudicadas a la UTE, que suman más de 245 millones de euros, incluyendo proyectos significativos como una autovía en Logroño y la reforma del puente V Centenario en Sevilla.
### La Relación entre Acciona y Servinabar
La relación entre Acciona y Servinabar se remonta a 2015, cuando ambas empresas comenzaron a colaborar en el proyecto de Mina Muga en Navarra. Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, esta colaboración dio lugar a un acuerdo marco que estipulaba que Servinabar recibiría un 2% del total de los contratos por los servicios prestados. Este acuerdo fue firmado por Pelegrini y Alonso, lo que ha despertado sospechas sobre la naturaleza de los servicios realmente prestados.
Los investigadores han señalado que la UTE formada por Acciona y Servinabar podría haber estado involucrada en una serie de irregularidades, incluyendo la manipulación de licitaciones a cambio de comisiones. La UCO ha identificado a varios actores clave en esta trama, incluyendo a Santos Cerdán, un exdirigente socialista, quien supuestamente tuvo un papel en las reuniones donde se discutieron los contratos. Pelegrini ha intentado distanciarse de cualquier implicación ilegal, argumentando que las reuniones con Cerdán eran simplemente para evaluar el impacto económico de las adjudicaciones en Navarra.
A medida que avanza la investigación, se han revelado detalles sobre la participación de otros exdirectivos de Acciona, como Fernando Merino, quien también está siendo investigado por su relación con Koldo García, un exministro. Las conexiones entre estos individuos y las supuestas irregularidades en las adjudicaciones han llevado a la Fiscalía a considerar la posibilidad de que existan más implicados en esta trama de corrupción.
### Implicaciones y Repercusiones
Las repercusiones de este caso son significativas, no solo para Acciona, sino también para el panorama político en Navarra. La investigación ha puesto de relieve la necesidad de una mayor transparencia en la adjudicación de contratos públicos y ha generado un debate sobre la ética en las relaciones entre empresas y políticos. La posibilidad de que se hayan producido pagos ilegales para asegurar contratos públicos plantea serias preguntas sobre la integridad del proceso de licitación y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Acciona ha emitido un comunicado negando cualquier implicación en prácticas corruptas y ha afirmado que se reserva el derecho a tomar acciones legales si se determina que las acusaciones han causado un daño a su reputación. Sin embargo, la magnitud de las acusaciones y la atención mediática que ha generado el caso han puesto a la empresa en una posición delicada.
A medida que el Tribunal Supremo continúa con las audiencias y las investigaciones avanzan, se espera que surjan más detalles sobre la relación entre Acciona y Servinabar, así como sobre las prácticas de licitación en el sector de la construcción en España. La sociedad está atenta a cómo se desarrollará este caso y qué medidas se implementarán para prevenir futuras irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
