La magistrada del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha tomado una decisión crucial en la investigación sobre los trágicos eventos del 29 de octubre de 2024, que resultaron en 229 fallecimientos. En un auto reciente, la jueza ha solicitado la comparecencia del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ante el Congreso de los Diputados y las Corts Valencianes. Esta solicitud surge a raíz de la petición de la Associació de víctimes de la dana, que se ha personado en la causa como acusación particular, representada por la abogada Miriam Salmerón.
La magistrada fundamenta su decisión en la necesidad de esclarecer la deliberación y las decisiones tomadas en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) durante la tarde del 29 de octubre. Este centro es considerado el núcleo de la gestión de emergencias en la región, y su funcionamiento durante la crisis ha sido objeto de escrutinio. La jueza destaca que el presidente de la Generalitat tiene funciones directivas y de coordinación, lo que lo convierte en una figura clave para entender cómo se manejó la situación de emergencia.
### Contradicciones en las Declaraciones de Carlos Mazón
Uno de los puntos más críticos de la investigación son las contradicciones en las declaraciones de Mazón. Durante su comparecencia en el Congreso, el presidente hizo afirmaciones que no coinciden con la información recopilada en la instrucción. Por ejemplo, se ha señalado que hubo llamadas canceladas y perdidas entre Mazón y la exconsellera Salomé Pradas, lo que ha generado confusión sobre la comunicación durante la crisis. La jueza ha indicado que no es lo mismo una llamada cancelada, que no fue admitida por el receptor, que una llamada perdida.
El día de la dana, se registraron tres llamadas canceladas a Mazón en momentos críticos, lo que ha llevado a cuestionar su disponibilidad y respuesta ante la emergencia. En su defensa, Mazón ha argumentado que no pudo responder a una de las llamadas porque probablemente llevaba su teléfono en la mochila, contradiciendo declaraciones anteriores en las que afirmaba haber estado en contacto durante su trayecto entre un restaurante y el Palau de la Generalitat.
Además, la jueza ha criticado el retraso en el envío del mensaje de alerta Es Alert, que se emitió a las 20:11 horas, cuando ya se habían producido numerosas víctimas. Este retraso ha sido calificado como «tardío y erróneo» por la magistrada, quien ha subrayado que había información suficiente sobre la gravedad de la situación antes de que se enviara la alerta.
### La Relevancia de las Comisiones de Investigación
La jueza también ha abordado la importancia de las comparecencias en las comisiones de investigación, considerando que las declaraciones de Mazón en el Congreso tienen un peso significativo en la instrucción. A diferencia de la comparecencia en las Corts Valencianes, donde el presidente respondió a preguntas agrupadas en un tiempo limitado, en el Congreso se le exige un mayor nivel de detalle y veracidad. La magistrada ha señalado que el hecho de que Mazón no haya declarado voluntariamente como investigado ante el juzgado podría haberle eximido de la obligación de comparecer ante las comisiones.
La solicitud de la jueza incluye la remisión de las intervenciones de Mazón en ambas comisiones, lo que podría proporcionar información valiosa para la investigación. La magistrada ha argumentado que las comparecencias son «pruebas pertinentes» que pueden ayudar a esclarecer las decisiones tomadas durante la crisis y la responsabilidad del presidente en la gestión de la emergencia.
La situación actual plantea serias preguntas sobre la eficacia de la gestión de emergencias en la Comunitat Valenciana y la responsabilidad de sus líderes en momentos críticos. La investigación sigue su curso, y la comparecencia de Carlos Mazón podría ser un punto de inflexión en la búsqueda de respuestas para las víctimas y sus familias.
