El asesinato de Máximo Casado, un funcionario de la antigua prisión de Nanclares de la Oca, ha sido uno de los crímenes más oscuros de la historia reciente de España. Cometido el 22 de octubre de 2000, este atentado fue atribuido a la organización terrorista ETA y, durante años, permaneció sin resolver. Sin embargo, gracias a la labor de la Guardia Civil y a la reactivación de las investigaciones, se han logrado avances significativos en el caso, que culminaron con la identificación y condena de los responsables casi dos décadas después.
La historia de este crimen se remonta a un periodo en el que ETA estaba en su apogeo, llevando a cabo una serie de atentados que sembraron el terror en el país. Máximo Casado fue asesinado en un garaje comunitario en Vitoria, un hecho que dejó a su familia devastada y a la sociedad alavesa en estado de shock. Durante años, el caso fue relegado al olvido, hasta que en 2016, un grupo de investigadores de la Guardia Civil accedió a un archivo histórico de ETA que contenía información crucial sobre el atentado.
### La Revelación de la ‘Kantada’
El descubrimiento de una carta autocrítica, conocida como ‘kantada’, escrita por José Ignacio Guridi, miembro del ‘comando Ttotto’ de ETA, resultó ser el punto de inflexión en la investigación. Este documento, que debía ser enviado a los superiores de la organización, contenía detalles sobre el atentado y mencionaba a otros integrantes del comando, lo que permitió a los investigadores abrir nuevas líneas de investigación. La carta hacía referencia a «la lapa de Gasteiz», un término que se utilizaba para describir el tipo de artefacto explosivo que se había utilizado en el asesinato de Casado.
La pericial grafística realizada por los expertos corroboró que la letra era efectivamente de Guridi, quien también había sido el encargado de fabricar el artefacto explosivo. Este hallazgo llevó a los investigadores a identificar a los tres autores materiales del crimen, quienes en ese momento se encontraban cumpliendo condenas por otros atentados. La reactivación del caso en 2017 por parte de la Audiencia Nacional permitió que se llevaran a cabo interrogatorios y se recabaran más pruebas.
Los interrogatorios a los sospechosos revelaron que, a pesar de su intento de desmarcarse del crimen, había evidencias que los vinculaban directamente al asesinato. En particular, el testimonio de Guridi y otros miembros del comando fue fundamental para establecer la cadena de mando y la planificación del atentado. A medida que la investigación avanzaba, se hizo evidente que la organización terrorista había mantenido un férreo control sobre sus miembros, lo que complicaba aún más la obtención de confesiones.
### La Condena y el Impacto en la Sociedad
Finalmente, el 18 de junio de 2018, la Audiencia Nacional imputó a los cuatro etarras por el asesinato de Máximo Casado, y el 1 de octubre de 2019, cada uno de ellos fue condenado a 33 años de prisión. Este veredicto no solo representó un triunfo para la justicia, sino que también ofreció un rayo de esperanza a la familia de la víctima, que había estado esperando durante casi dos décadas para ver a los responsables tras las rejas.
La esposa de Casado, Conchi, quien había estado desesperanzada con las autoridades vascas y la sociedad alavesa, se vio obligada a abandonar Euskadi tras la muerte de su marido. Sin embargo, su visita a los investigadores antes del juicio fue un momento emotivo que marcó un hito en su búsqueda de justicia. La condena de los etarras no solo cerró un capítulo doloroso en su vida, sino que también simbolizó el compromiso del Estado español en la lucha contra el terrorismo y la búsqueda de la verdad.
El caso de Máximo Casado es un recordatorio de que, aunque el tiempo puede desdibujar los recuerdos, la justicia puede prevalecer. La labor de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial ha demostrado que, a pesar de los obstáculos, es posible resolver crímenes que parecían condenados al olvido. Este caso no solo ha traído justicia a una familia, sino que también ha contribuido a la memoria colectiva de una sociedad que ha sufrido las consecuencias del terrorismo y que sigue luchando por la paz y la reconciliación.
