La situación política en Oliva se ha vuelto tensa tras la denuncia de los grupos municipales del Partido Popular (PP) y del PSPV-PSOE, quienes han señalado la pérdida de tres subvenciones importantes que podrían haber beneficiado a la ciudad. Esta situación ha generado un clima de descontento y críticas hacia el Gobierno local, liderado por la alcaldesa Yolanda Pastor.
La primera de las subvenciones perdidas se refiere a una ayuda de la Generalitat Valenciana destinada a financiar hasta el 70% del coste de chalecos antibalas para la Policía Local. Germán Salazar, portavoz del PP, expresó su frustración al afirmar que el Ayuntamiento de Oliva no presentó a tiempo el justificante de pago del material, lo que resultó en la pérdida de una ayuda que podría haber alcanzado los 30.280 euros. Esta subvención formaba parte de una convocatoria de la Conselleria de Emergencias e Interior, que este año ha distribuido más de 700.000 euros entre 129 municipios de la Comunitat Valenciana, duplicando el presupuesto de la convocatoria de 2024. En la provincia de Valencia, 74 municipios recibieron estas ayudas, mientras que Oliva quedó excluida debido a un error atribuible exclusivamente al Gobierno local.
El contrato para la adquisición de los chalecos antibalas fue formalizado por el propio Ayuntamiento el 21 de julio de 2025, lo que indica que la subvención era viable. Sin embargo, la falta de gestión y supervisión por parte del Gobierno de Projecte Oliva y UCIN ha sido señalada como la causa principal de esta pérdida. Salazar subrayó que, a pesar de que el material fue adquirido y el contrato firmado, la incompetencia del Gobierno local llevó a que la subvención se perdiera.
Además de la ayuda para los chalecos antibalas, el Gobierno local también ha perdido una subvención destinada al Mediaprop, un servicio de mediación que permite resolver conflictos sin necesidad de acudir a la vía judicial. La solicitud de esta subvención fue desestimada debido a que el Ayuntamiento no presentó el certificado de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social. Esta situación ha generado aún más críticas hacia la gestión del Gobierno local, que ha sido acusado de falta de atención a los requisitos necesarios para acceder a estas ayudas.
Por si fuera poco, Ana Morell, portavoz del PSPV-PSOE, ha señalado una tercera subvención que se ha perdido, relacionada con obras y equipamientos en edificios de Servicios Sociales. Esta ayuda, que podría haber financiado el 100% de las obras del Centre Social de Sant Francesc, no fue solicitada adecuadamente por el Gobierno local, lo que ha llevado a la oposición a cuestionar la capacidad de gestión de los concejales al frente del Ayuntamiento.
La oposición ha atribuido estos fallos a una falta de gestión y supervisión por parte de los concejales que forman parte del Gobierno. Recientemente, también se ha denunciado que Oliva perdió una subvención de la Generalitat destinada a evitar la sobrepoblación de jabalíes, lo que ha incrementado la preocupación entre los ciudadanos sobre la capacidad del Gobierno local para gestionar adecuadamente los recursos y las ayudas disponibles.
La falta de respuesta por parte del Gobierno de Oliva ante estas acusaciones ha generado aún más descontento entre los ciudadanos y ha llevado a la oposición a exigir explicaciones sobre la gestión de las subvenciones. La situación se ha vuelto un tema candente en la agenda política local, y los partidos de la oposición han intensificado sus críticas, exigiendo una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
La pérdida de estas subvenciones no solo representa una falta de recursos para la ciudad, sino que también pone en evidencia las deficiencias en la gestión del Gobierno local. La oposición ha instado a la alcaldesa y a su equipo a tomar medidas inmediatas para corregir estos errores y asegurar que Oliva no vuelva a perder oportunidades de financiación que podrían haber beneficiado a la comunidad.
En un contexto donde la gestión eficiente de los recursos es más crucial que nunca, la situación en Oliva plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno local para cumplir con sus responsabilidades. La falta de respuesta y la incapacidad para gestionar adecuadamente las subvenciones han llevado a un clima de desconfianza entre los ciudadanos, quienes esperan que se tomen medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La presión sobre el Gobierno local aumenta, y la oposición está decidida a seguir denunciando lo que consideran una gestión ineficaz y perjudicial para los intereses de Oliva.
