La jueza de la Audiencia Nacional ha fijado un nuevo calendario de declaraciones para el caso Leire, con citaciones clave entre junio y julio de 2026. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, declarará como testigo el 8 de julio. El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, volverá a declarar el 30 de junio. La exconsellera de Hacienda Ruth Merino está citada para el 22 de julio. Estas fechas reflejan la aceleración del proceso tras la reapertura de la investigación por la Fiscalía Anticorrupción.
¿Qué es el caso Leire y por qué ha vuelto a la actualidad?
El caso Leire es una investigación judicial sobre presuntas irregularidades en contratos públicos vinculados a la gestión municipal y autonómica en la Comunidad Valenciana. Se reactivó en 2025 tras nuevas denuncias sobre facturación falsa y adjudicaciones opacas en servicios sociales y formación.
El nombre proviene de una empresa fantasma identificada en las primeras diligencias. No está vinculada a una persona real, sino a una red de sociedades interpuestas.
El papel de los cargos públicos citados
- María José Catalá fue consellera de Educación antes de ser alcaldesa. Su citación se relaciona con decisiones de contratación en 2022.
- Vicente Mompó gestionó fondos europeos en la Diputación. Su segunda comparecencia responde a nuevas aportaciones documentales de la Fiscalía.
- Ruth Merino, como exresponsable de Hacienda, está bajo escrutinio por la firma de resoluciones de gasto sin informe técnico previo.
¿Qué dice el PSOE sobre su implicación en el caso Leire?
El PSOE ha emitido una declaración institucional negando categóricamente haber «ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas». El partido subraya que las actuaciones investigadas corresponden a gestiones anteriores a su llegada al gobierno valenciano en 2023.
La formación ha exigido transparencia procesal y ha ofrecido colaboración con la justicia. No obstante, la Fiscalía mantiene abierta la línea de investigación sobre responsabilidad institucional.
El impacto político y económico del caso
El caso Leire afecta directamente a 12 contratos públicos por valor estimado de 38,7 millones de euros. Tres de ellos ya han sido suspendidos por la Intervención General de la Comunidad Valenciana.
La incertidumbre judicial ha retrasado la ejecución de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en la provincia. Expertos estiman una pérdida potencial de 9,2 millones en inversiones en formación y empleo juvenil.
¿Qué marco legal regula las investigaciones de este tipo?
El caso se tramita bajo la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). La competencia corresponde a la Audiencia Nacional por afectar a fondos europeos y por la presencia de delitos de prevaricación, fraude de subvenciones y blanqueo de capitales.
La Ley 19/2013 de Transparencia también es aplicable. La ciudadanía ha solicitado acceso a los expedientes de los contratos bajo investigación. Hasta la fecha, la Generalitat ha denegado 7 de 12 solicitudes por «interés legítimo no acreditado».
Datos Clave
- La jueza ha fijado 14 declaraciones entre el 10 de junio y el 22 de julio de 2026.
- Tres cargos del PP y dos del PSPV están citados como testigos; ninguno como imputado por ahora.
- El Ministerio Público solicita la declaración de 8 altos funcionarios de la Conselleria de Hacienda.
- El caso incluye 27 cuentas bancarias investigadas y 11 sociedades mercantiles vinculadas.
- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la inhibición de dos jueces municipales por conflicto de interés.
¿Cómo afecta el caso Leire a la confianza ciudadana en las instituciones valencianas?
Una encuesta de GAD3 (mayo 2026) revela que el 64 % de los valencianos cree que el caso evidencia «falta de control en la gestión pública». Solo el 22 % confía en que la investigación sea imparcial.
El marco legal de responsabilidad patrimonial prevé indemnizaciones a la Administración si se demuestra negligencia grave. Hasta ahora, no se ha iniciado ningún expediente de responsabilidad civil.
La Agencia Valenciana de la Transparencia ha abierto una investigación de oficio sobre la publicación tardía de los contratos bajo escrutinio. Su informe se publicará en agosto.
