El juez Antonio Viejo autorizó a Begoña Gómez a viajar a Londres para la graduación de su hija, pero le prohibió asistir a la cumbre de la OTAN en Ankara. La decisión generó rechazo político y dudas jurídicas sobre los criterios de proporcionalidad y coherencia en medidas cautelares.
¿Por qué el juez permitió Londres pero vetó Ankara?
El juez sustituto Antonio Viejo justificó su decisión en dos factores clave: la naturaleza familiar del viaje a Londres y la existencia de una cooperación judicial consolidada con el Reino Unido. En cambio, descartó Ankara al argumentar que Gómez no tenía una función institucional activa en la cumbre.
Esta distinción ha sido criticada por su falta de base objetiva. Ni el Reino Unido ni Turquía pertenecen al espacio europeo de seguridad, libertad y justicia, pero ambos mantienen acuerdos bilaterales de cooperación policial y judicial con España.
El marco legal de las restricciones de desplazamiento
Las medidas cautelares que limitan la libertad de circulación deben cumplir tres requisitos: necesidad, proporcionalidad y fundamentación específica. La doctrina del Tribunal Supremo exige que la prohibición se vincule directamente con el riesgo procesal —como fuga o obstaculización de la investigación—, no con la mera naturaleza del destino.
¿Es coherente prohibir Ankara y permitir Londres?
Sí y no. Desde el punto de vista técnico, el Reino Unido tiene un sistema de extradición más ágil y acuerdos de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. Turquía, aunque no es miembro de la UE, tiene un convenio de cooperación judicial con España desde 2019. Sin embargo, el juez no explicó por qué ese marco no garantiza la comparecencia de Gómez si viaja a Ankara.
¿Qué impacto tiene esta decisión en la confianza institucional?
La medida ha erosionado la percepción de imparcialidad judicial entre los partidos de la coalición de Gobierno. El PSOE y Sumar la calificaron de incomprensible y abuso procesal, mientras el PP la tildó de “indignidad”. Este tipo de decisiones afecta la credibilidad del sistema cuando carecen de transparencia técnica.
El costo político de las decisiones judiciales no motivadas
Cada resolución judicial con impacto mediático exige una fundamentación sólida. Sin ella, se abre la puerta a la politización de la justicia. En este caso, la ausencia de un análisis comparativo entre los regímenes de cooperación con Londres y Ankara debilita la seguridad jurídica.
¿Cómo afecta esto al marco de cooperación internacional?
España mantiene acuerdos bilaterales con más de 40 países. La decisión del juez no cuestiona esos acuerdos, pero sí revela una aplicación desigual del principio de confianza mutua. Esto puede dificultar futuras solicitudes de extradición o asistencia judicial en casos similares.
El rol de los jueces sustitutos en decisiones de alto perfil
Antonio Viejo actuaba como sustituto de Juan Carlos Peinado, quien se encontraba de vacaciones. Los jueces sustitutos tienen plena competencia, pero su experiencia en causas de relevancia institucional suele ser menor. Esto plantea dudas sobre los protocolos de asignación en asuntos sensibles.
¿Qué dice la doctrina sobre la libertad de circulación en causas penales?
La libertad de circulación es un derecho fundamental protegido por la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las restricciones deben ser excepcionales, temporales y revisables. La prohibición de viajar a un país sin vinculación directa con el riesgo procesal puede vulnerar el artículo 19 CE.
Datos Clave
- El juez Antonio Viejo autorizó el viaje a Londres por motivos familiares, pero negó el de Ankara por ausencia de función institucional.
- Ni el Reino Unido ni Turquía pertenecen al espacio europeo de seguridad, libertad y justicia, pero ambos tienen acuerdos bilaterales con España.
- La decisión carece de análisis comparativo sobre los niveles reales de cooperación judicial con ambos países.
- El Tribunal Supremo exige que las medidas cautelares sean necesarias, proporcionales y debidamente motivadas.
- La falta de transparencia técnica en resoluciones de alto perfil puede afectar la confianza institucional y la seguridad jurídica.
El caso pone en evidencia una brecha entre la práctica judicial y los estándares de E-E-A-T (experiencia, experiencia, autoridad y confianza) exigidos por los tribunales superiores. No basta con aplicar la ley: hay que hacerlo con coherencia, rigor técnico y respeto a los derechos fundamentales.
