La Cámara de Cuentas ha detectado graves fallos en la gestión del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) entre 2022 y 2023. El informe revela ausencia de trazabilidad, falta de transparencia institucional y ausencia de identificación clara de grupos empresariales. Estos fallos afectan directamente la investigación judicial del caso Forestalia, donde el exdirector del Inaga, Jesús Lobera, figura como investigado.
¿Qué revela el informe de la Cámara de Cuentas sobre el Inaga?
El informe señala que el Inaga carecía de una base de datos fiable. Los expedientes no estaban estructurados ni auditables. La Cámara tuvo que reconstruirlos manualmente, no solo analizarlos. Esto evidencia una falla operativa grave en la gestión pública.
La ausencia de registros claros impide verificar plazos legales, tasas aplicadas, identidad real de los promotores y posibles conflictos de interés. Sin esa información, no hay control efectivo ni rendición de cuentas.
¿Por qué es crítica la falta de trazabilidad en renovables?
La trazabilidad es un requisito legal esencial en la tramitación de proyectos de energía renovable. Permite rastrear decisiones, responsables y vinculaciones empresariales. Su ausencia facilita la fragmentación de proyectos, la ocultación de beneficiarios reales y la elusión de controles.
En el caso Forestalia, esta opacidad ha obstaculizado la investigación judicial. No se puede determinar si se aplicaron criterios objetivos o si hubo favorecimiento indebido. La falta de trazabilidad no es un error técnico: es una controversia institucional de primer orden, según el director de la Cámara, Jesús Royo.
¿Cuál es el impacto económico y legal del déficit sistémico?
El sector eólico y solar en Aragón moviliza miles de millones. Proyectos como los de Forestalia implican concesiones públicas, uso del suelo y acceso a redes eléctricas. Sin trazabilidad, se pone en riesgo la integridad del mercado energético y la confianza de los inversores.
Además, la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo exige documentación completa y accesible. El incumplimiento puede derivar en nulidades de actos, responsabilidades patrimoniales y sanciones disciplinarias.
Datos Clave
- El informe cubre los expedientes del Inaga entre 2022 y 2023, periodo bajo investigación judicial.
- El exdirector Jesús Lobera, socialista, está citado en la causa del caso Forestalia.
- La Cámara tuvo que reconstruir expedientes, no solo revisarlos.
- Falta de identificación de grupos empresariales, promotores reales y estructuras de propiedad.
- La ausencia de trazabilidad impide verificar plazos, tasas, conflictos de interés y fragmentación de proyectos.
¿Qué marco legal regula la transparencia en gestión ambiental?
La Ley 19/2013 de Transparencia obliga a publicar información sobre concesiones ambientales. La Ley 27/2006 de Responsabilidad Ambiental exige trazabilidad en la evaluación de impacto. Además, el Reglamento (UE) 2018/1999 sobre gobernanza de la Unión de la Energía exige transparencia en la tramitación de renovables.
En la práctica, el Inaga no cumplió con ninguno de estos estándares. No hubo supervisión efectiva de consultoras ni control de subcontrataciones. Esto debilita la gobernanza energética y expone al Estado a riesgos legales y financieros.
El caso no es aislado. Refleja una brecha estructural entre la aceleración de la transición energética y la capacidad regulatoria real. Sin sistemas digitales auditables, bases de datos unificadas y protocolos de identificación empresarial obligatorios, la corrupción sistémica sigue siendo posible.
