Más de 9.300 trabajadores de Iberdrola se han movilizado este viernes 19 de junio de 2026 en una huelga nacional. La protesta afecta a todas las comunidades, incluida Castilla y León. Denuncian un clima laboral deteriorado y la paralización del convenio colectivo tras 16 meses sin avances reales.
¿Por qué los trabajadores de Iberdrola han convocado huelga en 2026?
La huelga responde al estancamiento en la negociación del convenio colectivo. Las negociaciones comenzaron en enero de 2025. Desde entonces, no se ha logrado ningún acuerdo vinculante.
UGT y CC.OO. rechazan las afirmaciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, sobre supuestas encuestas de clima laboral satisfactorias. Los sindicatos sostienen que los datos reales contradicen esa versión.
La tensión se ha acentuado tras la salida de Mario Ruiz Tagle, ex-CEO de Iberdrola en España. Sus mensajes iniciales a la plantilla prometían diálogo. Sin embargo, el proceso se ha vuelto opaco y unilateral.
¿Cuáles son las principales reivindicaciones de los trabajadores?
Los sindicatos exigen mejoras salariales reales, ajustadas a la inflación acumulada desde 2024. También reclaman mayor estabilidad laboral y transparencia en los procesos de promoción interna.
Mayor protección frente a la externalización
Los trabajadores temen la progresiva externalización de servicios clave. UGT y CC.OO. exigen cláusulas que impidan la pérdida de derechos laborales por subcontratación.
Revisión del sistema de evaluación del desempeño
El actual modelo se considera arbitrario y poco objetivo. Los sindicatos piden un sistema basado en criterios medibles y consensuados.
Garantías en la transición energética
Iberdrola lidera inversiones en energías renovables, pero los empleados exigen formación continua y reasignación segura para quienes trabajan en activos fósiles en desuso.
¿Qué impacto económico tiene esta huelga en el sector eléctrico?
La huelga afecta a operaciones de mantenimiento, atención al cliente y gestión de redes. Aunque no se ha registrado interrupción del suministro, sí se han retrasado inspecciones técnicas y revisiones de infraestructuras críticas.
El coste estimado de la paralización supera los 2,8 millones de euros en un solo día. Esto incluye horas extras, reprogramación de tareas y pérdida de productividad en proyectos de digitalización de la red.
El sector eléctrico español representa el 3,4 % del PIB nacional. Cualquier inestabilidad laboral en grandes operadores como Iberdrola genera efectos en cadena: proveedores, empresas de servicios técnicos y hasta el ritmo de descarbonización del país.
¿Qué marco legal regula las negociaciones colectivas en España?
El Estatuto de los Trabajadores establece que los convenios colectivos tienen carácter vinculante y duran como máximo cuatro años. Su renovación debe iniciarse con tres meses de antelación.
Sin embargo, la práctica muestra que las empresas pueden prolongar la vigencia del convenio anterior indefinidamente si no hay acuerdo. Esto genera una situación de incertidumbre jurídica para los trabajadores.
El papel de la Inspección de Trabajo
La Inspección puede intervenir si se detectan prácticas dilatorias o falta de buena fe en la negociación. Hasta la fecha, no ha abierto expediente formal contra Iberdrola, aunque sindicatos han presentado denuncias.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo
Varios fallos recientes (STS 2024/1127, 2025/459) han reforzado el deber de negociar con buena fe. El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas y nulidad de cláusulas impuestas unilateralmente.
Datos Clave
- Más de 9.300 trabajadores participaron en la huelga nacional del 19 de junio de 2026.
- La negociación del convenio lleva 16 meses sin avances.
- Iberdrola es el primer operador eléctrico de España y el cuarto de Europa por facturación.
- El convenio anterior expiró en diciembre de 2024, pero sigue vigente por prórroga tácita.
- Las multas por incumplimiento de la obligación de negociar pueden alcanzar los 187.500 euros, según la Ley de Infracciones y Sanciones.
El conflicto refleja una tensión creciente entre la aceleración de la transición energética, los objetivos de rentabilidad accionarial y los derechos laborales básicos. No es solo una disputa salarial: es un test de gobernanza corporativa en un sector estratégico para la seguridad energética y la descarbonización nacional.
