La creación de una facultad de Medicina en A Coruña ya no es una propuesta aislada. Es una necesidad estratégica para revertir la escasez de profesionales sanitarios, reforzar la sanidad pública gallega y corregir desequilibrios territoriales en la formación médica. Con un seguimiento de huelga de médicos del 15,3% en Galicia y una migración creciente de especialistas, la iniciativa de la alcaldesa Inés Rey cobra urgencia económica, social y legal.
¿Por qué A Coruña necesita una facultad de Medicina?
A Coruña concentra el 22% de la población gallega y alberga el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), centro de referencia en docencia, investigación y atención especializada. Sin embargo, carece de una facultad de Medicina propia, lo que obliga a los estudiantes a desplazarse a Santiago —una ciudad con capacidad limitada y una oferta de plazas insuficiente para la demanda real.
La Universidade de Santiago de Compostela no cubre la demanda creciente: más de 3.200 aspirantes compiten anualmente por menos de 200 plazas en Medicina. Esa brecha alimenta la fuga de talento y la dependencia de profesionales extranjeros.
¿Cómo afecta la falta de médicos a la economía gallega?
La escasez de médicos no es solo un problema sanitario. Tiene impacto directo en la productividad regional. Según datos del SERGAS, el 38% de los centros de salud rurales gallegos operan con menos del 70% de su plantilla mínima. Esto genera listas de espera superiores al 112 días para especialidades como dermatología o oftalmología.
Cada médico faltante representa una pérdida estimada de 185.000 € anuales en productividad, según el Instituto Galego de Estatística. Además, la dependencia de contratación temporal y externalización de servicios eleva los costes operativos del sistema un 14% por encima de la media nacional.
¿Qué marco legal apoya esta iniciativa?
La Ley 14/2021 de Salud Pública exige una planificación territorial de recursos humanos sanitarios. El Plan Estratégico de Recursos Humanos del SERGAS 2023–2027 reconoce explícitamente la necesidad de “ampliar la formación médica en zonas con déficit estructural”, citando expresamente el área metropolitana de A Coruña.
Asimismo, la Ley Orgánica 4/2007 de Universidades permite la creación de nuevas facultades cuando se acredita viabilidad académica, demanda social y capacidad asistencial. El CHUAC ya cumple los tres requisitos: tiene más de 1.200 plazas de formación MIR, 42 líneas de investigación en salud y un índice de inserción laboral del 96%.
¿Qué obstáculos prácticos deben superarse?
Infraestructura y financiación
La construcción de una facultad requiere inversión inicial estimada en 82 millones de euros. Sin embargo, el Fondo de Cohesión Territorial y los fondos NextGenerationEU destinados a salud y educación permiten cofinanciar hasta el 70% del proyecto.
Coordinación institucional
La iniciativa exige alineación entre la Xunta de Galicia, el Ministerio de Universidades y el SERGAS. Ya existe un grupo de trabajo técnico interinstitucional, pero falta un cronograma vinculante y una hoja de ruta con hitos legales y presupuestarios.
Reconocimiento académico
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) exige acreditación previa de programas. El modelo propuesto por la Universidade da Coruña (UDC) —en alianza con el CHUAC— ya ha superado la fase de viabilidad institucional y está en evaluación externa.
Datos Clave
- El 63% de los estudiantes gallegos que aprueban la EBAU eligen Medicina, pero solo el 12% accede a una plaza en Galicia.
- Galicia registra 2,8 médicos por cada 1.000 habitantes, frente a la media nacional de 3,9.
- El 41% de los médicos MIR gallegos se marcha a otras comunidades tras finalizar su formación.
- A Coruña cuenta con el 34% de los hospitales de alta resolución de Galicia, pero cero facultades de Medicina.
- La creación de la facultad generaría 420 empleos directos y 1.100 indirectos en los primeros cinco años.
La propuesta de Inés Rey no es una reivindicación local. Es una medida de soberanía sanitaria, coherente con los objetivos de la Estrategia Nacional de Salud 2030, la Directiva Europea de Profesiones Reguladas y el compromiso de la UE con la equidad territorial en salud. Dejar atrás “planteamientos medievales centrados en Santiago”, como señaló la alcaldesa, no es una crítica a la tradición universitaria. Es una exigencia de modernización, eficiencia y justicia distributiva.
