En un ambiente cargado de dolor y rabia, las víctimas de la dana se congregaron a las puertas de Les Corts en Valencia, justo cuando se llevaba a cabo la sesión de investidura del nuevo candidato del Partido Popular, Juanfran Pérez Llorca. Este acto no solo simboliza un cambio de liderazgo, sino que también ha reavivado las llamas de la indignación entre aquellos que sufrieron las consecuencias de una gestión calificada como negligente y dolorosa. Las asociaciones de víctimas no dudaron en señalar a Llorca como el «heredero y cómplice» de su predecesor, Carlos Mazón, quien ya había sido objeto de críticas por su inacción durante la crisis provocada por la dana.
Las voces de los manifestantes resonaron con fuerza, exigiendo justicia y recordando que la falta de acción oportuna podría haber salvado vidas. Dolores Ruiz, una de las representantes de las víctimas, expresó su descontento al afirmar que Llorca había entrado «por la puerta de atrás» y que no mostraba interés en escuchar a quienes habían sufrido pérdidas irreparables. La continuidad de las políticas de Mazón, según los manifestantes, se evidenciaba en la figura de Llorca, quien fue acusado de ser un mero sustituto que perpetúa la misma inacción que costó tantas vidas.
La protesta no solo se centró en la figura de Llorca, sino que también se dirigió a la figura de Mazón, quien, a pesar de haber dimitido, sigue siendo aforado y, por lo tanto, protegido de la justicia. Rosa Álvarez, presidenta de la principal asociación de víctimas, enfatizó que la salida de Mazón no era suficiente, ya que su estatus le permite evadir la responsabilidad por sus acciones. Las víctimas exigieron que abandonara su escaño y que se presentara ante la justicia para rendir cuentas por lo sucedido. La indignación se intensificó al recordar que Llorca había sido el segundo de Mazón, apoyando políticas que, según los manifestantes, favorecieron a un pequeño grupo de empresarios a expensas de la seguridad y bienestar de la población.
La situación se complica aún más con la percepción de que el nuevo gobierno de Llorca se alinea con la extrema derecha, lo que genera temores sobre el futuro de las políticas públicas en la Comunidad Valenciana. Las asociaciones de víctimas expresaron su preocupación de que el Partido Popular, al ceder ante las exigencias de la ultraderecha, podría implementar políticas aún más perjudiciales, que no solo ignoren el cambio climático, sino que también atenten contra los derechos de las minorías. Mariló Gradolí, otra voz destacada en la protesta, advirtió que el nuevo gobierno podría adoptar posturas negacionistas respecto al cambio climático, un fenómeno que ya ha demostrado tener consecuencias devastadoras.
La conexión entre la tragedia de la dana y la postura del nuevo gobierno frente al cambio climático es innegable. Las víctimas denunciaron que el Partido Popular está cometiendo un grave error al dejar la Generalitat en manos de la extrema derecha, argumentando que la inacción y la falta de políticas de prevención son equivalentes a «políticas de muerte». La falta de activación de alarmas y la minimización de la emergencia durante la dana son recordatorios de que la política puede tener consecuencias fatales. Las víctimas insistieron en que cada día que pasa sin una lucha efectiva contra el cambio climático se traduce en más vidas perdidas.
El impacto económico de esta inacción también fue un tema recurrente en las protestas. Los manifestantes señalaron que los ciudadanos son quienes asumen los costos de la falta de acción, mientras que los políticos continúan disfrutando de sus altos sueldos. Las ayudas para daños materiales, que deberían ser una responsabilidad del gobierno, son vistas como una carga que recae sobre la ciudadanía. A pesar de los esfuerzos de las víctimas por obtener justicia y reconocimiento, la realidad es que aún no se ha hecho justicia por los 229 fallecidos en la tragedia de la dana.
La lucha de las víctimas es un recordatorio constante de que la política no puede ser ajena a las realidades que enfrentan los ciudadanos. La exigencia de verdad, justicia y reparación es un grito que resuena con fuerza, y que busca dar dignidad a todos aquellos que perdieron la vida en un evento que pudo haberse evitado. Las víctimas de la dana no solo buscan justicia para sí mismas, sino que también anhelan un futuro donde la política esté al servicio de la ciudadanía, y no de intereses particulares. La esperanza es que, a través de su lucha, se logre un cambio real en la forma en que se gestionan las emergencias y se abordan los problemas que afectan a la sociedad valenciana.
