La construcción de la gigafactoría de PowerCo en Sagunt, una filial de baterías de Volkswagen, está en marcha y con ella, la necesidad de asegurar el suministro energético a través de fuentes renovables. La Generalitat Valenciana ha tomado la iniciativa de adquirir terrenos para la instalación de una planta fotovoltaica que proveerá el 30% de la energía necesaria para la operación de la gigafactoría. Este proyecto no solo representa un avance significativo en la transición energética de la región, sino que también plantea desafíos en la adquisición de terrenos agrícolas, especialmente aquellos dedicados al cultivo de cítricos.
La Generalitat ha ofrecido un precio notablemente superior al del mercado para la compra de estos terrenos. Se ha propuesto pagar 35,91 euros por metro cuadrado, lo que equivale a 29.814 euros por hanegada, un precio que contrasta con los 3.000 euros que se manejan en el mercado. Este esfuerzo por parte de la Administración busca acelerar el proceso de compra y cerrar acuerdos con los agricultores en el primer trimestre de 2026. Sin embargo, el camino hacia la adquisición de estos terrenos ha estado marcado por complicaciones, incluyendo la reprogramación de presupuestos que inicialmente estaban destinados a este proyecto.
### Estrategias de Expropiación y Compensación
La estrategia de la Generalitat incluye no solo la compra directa de terrenos, sino también la expropiación forzosa, declarando la planta fotovoltaica como un Proyecto Territorial Estratégico. Esto implica que los terrenos pasarán a ser de dominio público, y la Administración los arrendará a largo plazo a la empresa que construya el parque solar. Este enfoque busca garantizar que la planta fotovoltaica esté operativa en el menor tiempo posible, aunque los plazos han sufrido cambios significativos. Inicialmente, se esperaba que las obras comenzaran en septiembre de 2025, pero ahora se prevé que el inicio se retrase hasta el segundo semestre de 2027.
La planta fotovoltaica ocupará un área de 250 hectáreas, equivalente a 500 campos de fútbol, y se ubicará mayoritariamente en terrenos que actualmente albergan naranjos. La empresa adjudicataria del proyecto deberá pagar a la Generalitat un arrendamiento que rondará los 2,7 millones de euros durante un periodo de 25 años. Este acuerdo no solo representa un compromiso con la sostenibilidad, sino que también busca mitigar el impacto económico en los agricultores afectados.
### Impacto en la Comunidad Agrícola
La decisión de la Generalitat de ofrecer precios elevados por el suelo ha generado reacciones mixtas entre los agricultores. Algunos ven esta como una oportunidad para obtener una compensación justa por sus tierras, mientras que otros se muestran escépticos sobre el futuro de la agricultura en la región. La presión para transformar terrenos agrícolas en espacios industriales y energéticos es un tema delicado, especialmente en una comunidad donde la agricultura ha sido una parte integral de la economía local.
Además, la Generalitat ha reservado una partida de 818.220 euros en los presupuestos de este año para iniciar la compra de terrenos, aunque se ha reportado que parte de estos fondos se destinaron a otras áreas. Esta situación ha generado incertidumbre entre los agricultores sobre la seriedad de las intenciones de la Administración y la viabilidad del proyecto a largo plazo.
La planta fotovoltaica no solo es crucial para el funcionamiento de la gigafactoría, sino que también representa un paso hacia la sostenibilidad energética en la Comunidad Valenciana. Con la creciente presión para reducir las emisiones de carbono y aumentar la dependencia de fuentes de energía renovables, la instalación de esta planta se convierte en un elemento clave en la estrategia energética de la región.
La colaboración entre la Generalitat y PowerCo es un ejemplo de cómo las iniciativas públicas y privadas pueden unirse para abordar los desafíos energéticos del futuro. Sin embargo, el éxito de este proyecto dependerá de la capacidad de la Administración para gestionar las preocupaciones de los agricultores y asegurar que la transición hacia la energía renovable no comprometa la viabilidad de la agricultura local. A medida que se avanza en la planificación y ejecución de la planta fotovoltaica, será esencial mantener un diálogo abierto y constructivo con todas las partes interesadas para garantizar que se logren los objetivos de sostenibilidad sin sacrificar el patrimonio agrícola de la región.
