La reciente divulgación de vídeos del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha puesto de manifiesto la complejidad y las controversias en torno a la gestión de emergencias en la Comunitat Valenciana, especialmente en relación con la tragedia ocurrida el 29 de octubre. Estos vídeos, que permanecieron ocultos durante diez meses, han sido aportados a la causa por la Conselleria de Emergencias y revelan detalles cruciales sobre la toma de decisiones en un momento crítico.
### La gestión de la alerta Es Alert
Uno de los aspectos más destacados de estos vídeos es la discusión sobre el envío del mensaje de alerta Es Alert. Según las grabaciones, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, ya había planteado la posibilidad de enviar un mensaje masivo a la comarca de Requena-Utiel alrededor de las 17 horas, tres horas antes de que se enviara la alerta oficial a las 20.11 horas. Este hecho contradice las declaraciones de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien afirmó que se enteró de la existencia del Es Alert a las 20 horas, tras una llamada de un alto funcionario del Gobierno central.
La revelación de que se había considerado el envío de la alerta mucho antes de su emisión oficial plantea serias preguntas sobre la gestión de la crisis y la responsabilidad de los funcionarios involucrados. Las imágenes muestran a Pradas en una posición de liderazgo, dirigiendo la toma de decisiones y asegurándose de que se evaluaran adecuadamente los mensajes antes de ser enviados. Esto contrasta con su defensa de haber actuado bajo el consejo de técnicos, lo que ha generado un debate sobre la veracidad de sus afirmaciones y su papel en la crisis.
### La responsabilidad en la tragedia
La jueza encargada del caso ha subrayado la importancia de los vídeos en la investigación, señalando que Pradas, como responsable del Cecopi, tenía la obligación de actuar con diligencia y eficacia. La jueza ha destacado que hubo un «evidente retraso» en la convocatoria del Cecopi y en las alertas a la población, así como una falta de control sobre los barrancos, lo que contribuyó a la magnitud de la tragedia que resultó en la muerte de 229 personas, incluyendo a una bebé que no llegó a nacer.
La situación se complica aún más con la reciente solicitud de la jueza para incluir a dos nuevas posibles víctimas en la lista de fallecidos, lo que podría elevar el número total a 231. Esto incluye a personas que, aunque no estaban directamente en la zona afectada, sufrieron consecuencias fatales debido a la falta de atención médica adecuada tras la inundación.
La gestión de emergencias en la Comunitat Valenciana ha sido objeto de críticas no solo por la falta de acción oportuna, sino también por la aparente falta de comunicación y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. La batalla de relatos entre la Generalitat y el Gobierno central ha puesto de relieve la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos de emergencia y la responsabilidad de los funcionarios en situaciones críticas.
La situación actual plantea interrogantes sobre cómo se gestionan las emergencias en la región y qué medidas se están tomando para evitar que tragedias similares ocurran en el futuro. La falta de transparencia en la gestión de la crisis y la ocultación de información relevante han alimentado la desconfianza pública hacia las autoridades, lo que podría tener repercusiones en la forma en que se manejan futuras emergencias.
La divulgación de estos vídeos y la investigación en curso son pasos importantes hacia la rendición de cuentas y la mejora de los sistemas de emergencia en la Comunitat Valenciana. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial que las autoridades se comprometan a aprender de esta experiencia y a implementar cambios significativos en la gestión de emergencias para proteger a la población en el futuro.
