La situación de la vivienda en Cataluña ha alcanzado niveles críticos, lo que ha llevado a la formación política Vox a presentar una serie de propuestas en el Parlamento autonómico. La crisis de vivienda en la región se ha visto agravada por políticas que, según Vox, han fracasado en su objetivo de garantizar el acceso a un hogar digno para todos los ciudadanos. En este contexto, la propuesta de Vox se centra en un diagnóstico alarmante: la declaración de zonas de mercado tensionado ha resultado en la pérdida de 40.000 viviendas de alquiler en solo un año, lo que representa una disminución del 25,7% en la oferta de alquiler. Esta situación ha creado una competencia feroz, con 300 inquilinos por cada vivienda disponible. Además, la formación ha señalado que Cataluña enfrenta un déficit estructural de vivienda social que supera las 100.000 unidades desde la crisis de 2008. Actualmente, solo se atiende al 4% de los solicitantes inscritos en el registro autonómico, lo que indica una demanda insatisfecha que exige la construcción de al menos 20.000 nuevas viviendas sociales cada año.
Para abordar esta crisis, Vox ha delineado un plan basado en tres ejes fundamentales. El primero de ellos es el impulso a la construcción pública y privada. La formación propone agilizar los trámites administrativos para la concesión de licencias, desarrollar suelos urbanizables y aprobar una nueva Ley del Suelo que permita liberar terrenos no sujetos a protección especial. Además, Vox demanda la derogación de la Ley 1/2022 y la Ley 12/2023, las cuales, según su perspectiva, han favorecido la ocupación ilegal de viviendas y han expulsado a los propietarios del mercado de alquiler.
El segundo eje de la propuesta es un plan de choque en vivienda social. Vox reclama un diagnóstico riguroso del parque público de viviendas y propone garantizar la adjudicación con prioridad nacional, así como reservar cuotas para familias numerosas. La formación también sugiere eliminar las listas de espera mediante ayudas directas al alquiler y a la hipoteca, e impulsar nuevas promociones de viviendas en propiedad o alquiler con opción a compra.
Por último, el tercer eje de la propuesta se centra en una revolución fiscal para facilitar el acceso a la vivienda. Vox propone la bonificación del 100% en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para españoles que compren su vivienda habitual. Además, sugiere derogar la ley de viviendas vacías para incentivar el alquiler, recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF y eliminar el IVA en la primera vivienda. Estas medidas buscan no solo facilitar el acceso a la vivienda, sino también estimular el mercado inmobiliario en un momento en que la oferta es escasa y la demanda es alta.
La propuesta de Vox se presenta como una respuesta a un problema que ha afectado a miles de familias en Cataluña, donde la falta de vivienda asequible se ha convertido en una crisis social. La formación política argumenta que las políticas actuales han fracasado y que es necesario un cambio radical en la forma en que se aborda la vivienda en la región. La situación actual, con un déficit de vivienda social y una oferta de alquiler en caída libre, exige medidas urgentes y efectivas que garanticen el derecho a la vivienda para todos los ciudadanos.
En este contexto, la propuesta de Vox ha generado un debate en la sociedad catalana y ha puesto de relieve la necesidad de encontrar soluciones viables y sostenibles para la crisis de vivienda. La respuesta de otros partidos políticos y de la sociedad civil será crucial para determinar el futuro de estas propuestas y su posible implementación. La crisis de vivienda en Cataluña es un tema que requiere atención inmediata y un enfoque integral que contemple tanto la construcción de nuevas viviendas como la protección de los derechos de los inquilinos y propietarios. La situación actual es insostenible y demanda un compromiso colectivo para encontrar soluciones que beneficien a todos los ciudadanos.
