La reciente publicación de un informe por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) ha desvelado una serie de comunicaciones que implican al expresidente canario Ángel Víctor Torres en una trama de presiones y manipulaciones en torno a las contrataciones de material sanitario durante la pandemia de COVID-19. Este escándalo ha sacudido el panorama político en Canarias, revelando cómo las decisiones administrativas fueron influenciadas por intereses particulares y conexiones con empresas que se beneficiaron de contratos millonarios.
Las pruebas presentadas en el informe de la UCO incluyen más de un centenar de mensajes de WhatsApp y audios que muestran la relación cercana entre Torres y Koldo García, un asesor del Ministerio de Transportes. A pesar de las afirmaciones de Torres de que no había mantenido contacto con García ni había dado instrucciones para favorecer a ciertas empresas, los documentos revelan una historia diferente. La UCO sostiene que Torres no solo estuvo en contacto constante con García, sino que también presionó a sus funcionarios para acelerar pagos y facilitar contratos a empresas vinculadas a García, como Soluciones de Gestión y Eurofins Megalab.
### Presiones y Manipulaciones en la Administración
El informe detalla cómo Torres utilizó su posición para presionar a sus funcionarios, especialmente en lo que respecta a la compra de mascarillas y pruebas PCR. En uno de los audios, se escucha a Torres asegurando que estaba haciendo «todo lo posible» para vencer la resistencia de sus técnicos a realizar pagos sin las debidas comprobaciones. Esta resistencia se debía a las preocupaciones sobre la calidad de los productos adquiridos, ya que algunos informes internos ya habían señalado que las mascarillas de Soluciones de Gestión no cumplían con las especificaciones requeridas.
La UCO también menciona que Torres llegó a amenazar con cesar a Ana María Pérez, la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, por su oposición a los pagos. «Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica», se escucha en uno de los mensajes. Este tipo de lenguaje y comportamiento pone de manifiesto la presión que ejerció Torres sobre su administración para favorecer a las empresas que estaban en la red de Koldo García.
Además, el informe revela que Torres no solo se limitó a presionar a sus funcionarios, sino que también intentó involucrar a otros altos cargos del Gobierno, incluyendo al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. En un mensaje a García, Torres expresó su frustración con Illa, diciendo: «No hay puta manera con Illa», lo que indica la tensión existente entre los diferentes niveles de gobierno en la gestión de la crisis sanitaria.
### Conexiones Empresariales y Contratos Millonarios
La trama no se limitó a las mascarillas. A medida que avanzaba la pandemia, Torres también se vio involucrado en la adjudicación de contratos por valor de millones de euros para pruebas PCR en los aeropuertos canarios. A finales de 2020, se cerraron tres contratos con Eurofins Megalab, una empresa vinculada a De Aldama, un empresario que había estado en contacto con Koldo García. Torres, en un intento por asegurar estos contratos, llegó a solicitar el número personal de De Aldama a García, lo que demuestra su interés directo en facilitar la relación entre la empresa y el Gobierno canario.
El informe de la UCO también destaca cómo Torres se comunicó directamente con otros socios de De Aldama, revelando que había tenido conversaciones con Illa y que había recibido una «buena recepción» para los proyectos que estaban en marcha. Esta implicación personal en las adjudicaciones a Megalab y la presión ejercida sobre sus técnicos para que aprobaran los contratos pone en tela de juicio la integridad del proceso administrativo durante un momento crítico para la salud pública.
Las revelaciones han generado un gran revuelo en la opinión pública y han llevado a Torres a negar cualquier irregularidad, afirmando que no hubo «nada delictivo» en sus acciones. Sin embargo, la cantidad de evidencia presentada por la UCO sugiere que la realidad es mucho más compleja y que las decisiones tomadas durante la pandemia pueden haber estado influenciadas por intereses personales y conexiones políticas.
Este escándalo no solo afecta a Torres, sino que también plantea preguntas sobre la transparencia y la ética en la gestión de crisis en el ámbito político. A medida que se desarrollan las investigaciones, la sociedad canaria espera respuestas claras sobre cómo se manejaron los recursos públicos en un momento de emergencia y quiénes son los verdaderos responsables de las decisiones tomadas.
