La reciente celebración del 9 d’Octubre ha puesto de manifiesto la situación actual de la Comunitat Valenciana, marcada por la gestión del Consell bajo la presidencia de Carlos Mazón. Este acto institucional ha sido el escenario propicio para que diferentes actores políticos y sociales evalúen el desempeño del gobierno en los últimos años, especialmente tras los efectos devastadores de la dana que afectó a la región. Las opiniones son diversas y reflejan un panorama complejo en el que se entrelazan preocupaciones sobre la economía, el diálogo social y la atención a las víctimas de la catástrofe.
La voz de los empresarios y sindicatos ha sido clara. Salvador Navarro, presidente de la CEV, ha señalado que la magnitud de la dana ha marcado el rumbo de la legislatura, poniendo a prueba la capacidad de respuesta del gobierno. Navarro ha expresado su preocupación por la reducción del apoyo al diálogo social, enfatizando la importancia de la cooperación público-privada para avanzar en el bienestar de la ciudadanía y la competitividad de las empresas. Por su parte, Tino Calero, secretario general de UGT-PV, ha manifestado que el balance de la gestión es preocupante, destacando un desmantelamiento fiscal que beneficia a las rentas más altas mientras deteriora los servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación. Calero ha instado al Consell a reconsiderar sus prioridades y a reforzar los servicios públicos, así como a impulsar un modelo de relaciones laborales que garantice empleo de calidad.
En el ámbito educativo y universitario, las opiniones son igualmente variadas. Mavi Mestre, rectora de la Universitat de València, ha reconocido avances en la financiación universitaria, mientras que José Capilla, rector de la Universitat Politècnica de València, ha destacado la importancia de mantener el diálogo con la conselleria para fortalecer el papel de las universidades en el desarrollo económico y social de la región. Sin embargo, la percepción general es que, a pesar de algunos logros, persisten desafíos significativos que requieren atención inmediata.
La gestión cultural también ha sido objeto de críticas. Gabi Ochoa, dramaturgo y guionista, ha señalado la inestabilidad en el sector cultural, evidenciada por la renuncia de altos cargos en la conselleria. Ochoa ha denunciado la falta de apoyo a la creación valenciana y ha cuestionado decisiones como la subvención a la Fundación Toro de Lidia, que considera un uso arbitrario de recursos públicos. La preocupación por la cultura se extiende a la percepción de que la gestión actual está más centrada en satisfacer demandas políticas que en apoyar el desarrollo cultural de la Comunitat Valenciana.
Por otro lado, la situación política ha generado un debate sobre la dependencia del Consell respecto a Vox. Anna López, politóloga, ha criticado la falta de liderazgo propio de Mazón y ha advertido sobre un retroceso en derechos y calidad democrática. La percepción de que el gobierno se ha alineado con la retórica de la extrema derecha ha suscitado inquietudes sobre el futuro de la convivencia y la cohesión social en la región. Esta dependencia ha llevado a una gestión que, según López, se centra más en la confrontación política que en la resolución de problemas estructurales.
La economía de la Comunitat Valenciana también ha sido objeto de análisis. Joaquín Maudos, economista, ha señalado que, a pesar de un crecimiento del PIB, la región se aleja de la media nacional en términos de PIB per cápita. Este fenómeno se atribuye a una falta de inversión en áreas clave como I+D y capital humano, lo que limita el desarrollo económico sostenible. Maudos ha enfatizado la necesidad urgente de reformar el sistema de financiación para permitir que el gobierno disponga de los recursos necesarios para impulsar el desarrollo regional.
En el ámbito social, la percepción de que las políticas del gobierno han comenzado a abrir la puerta a medidas excluyentes ha generado preocupación entre organizaciones no gubernamentales. Enrique Asensi, presidente de la Coordinadora Valenciana de ONGD, ha denunciado un cambio de rumbo en la política de cooperación internacional del gobierno, que contradice los compromisos pre-electorales del Partido Popular. Asensi ha advertido que estas medidas no representan el carácter solidario del pueblo valenciano y ponen en riesgo los avances en derechos humanos logrados en años anteriores.
La situación actual de la Comunitat Valenciana es un reflejo de la complejidad de la gestión pública en tiempos de crisis. Las voces de los diferentes actores sociales y políticos resaltan la necesidad de un enfoque más inclusivo y sensible a las realidades de la ciudadanía. La evaluación de la gestión del Consell no solo se centra en los logros, sino también en las áreas que requieren atención y mejora, en un contexto donde la solidaridad y el bienestar social deben ser prioridades indiscutibles.
