La reciente dimisión de José María Ángel como comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras el escándalo de un título falso ha puesto en el centro de la atención la gestión de personal en la Diputación de Valencia. Este incidente ha revelado no solo la falta de transparencia en la administración pública, sino también una cultura de clientelismo y salarios desproporcionados que han sido objeto de críticas durante años. En este contexto, es importante analizar la estructura salarial de la Diputación y las implicaciones de su gestión de recursos humanos.
**Estructura Salarial en la Diputación de Valencia**
La Diputación de Valencia, considerada como una de las administraciones más generosas en términos de salarios, cuenta con aproximadamente 1.200 empleados públicos. De estos, alrededor de 120 funcionarios perciben salarios que superan los 85.000 euros anuales, cifra que se asemeja a la remuneración del presidente de la institución, Vicent Mompó. Este dato es revelador, ya que pone de manifiesto una disparidad salarial significativa entre los altos cargos y el resto de los empleados.
El análisis de las tablas salariales y la relación de puestos de trabajo (RPT) muestra que los jefes de servicio, que son los responsables de cada departamento, tienen un salario que supera los 90.000 euros. Estos puestos son críticos, ya que actúan como intermediarios entre el equipo político y el personal. Además, la reciente apertura de estos cargos a funcionarios de otras administraciones ha facilitado la llegada de nuevos empleados, lo que podría estar contribuyendo a la inflación de salarios en la institución.
Los datos indican que los salarios de la cúpula funcionarial, que incluye a secretarios generales, interventores y tesoreros, pueden alcanzar hasta los 120.000 euros anuales. Esta cifra se incrementa con complementos de destino y antigüedad, lo que genera un panorama salarial que parece desproporcionado en comparación con otros sectores de la administración pública. Por otro lado, incluso en niveles más bajos, como el de los administrativos, se encuentran salarios que superan los 50.000 euros, lo que también plantea interrogantes sobre la equidad en la distribución de recursos.
**Inflación de Jefaturas y Gestión de Recursos Humanos**
Uno de los aspectos más criticados en la gestión de personal de la Diputación es la llamada «inflación de jefaturas». Según un informe de control interno de la Intervención, se ha observado un crecimiento del gasto en personal que supera el aumento en el número de empleados. Este fenómeno se atribuye en parte al envejecimiento de la plantilla y a la creación de jefaturas que no siempre están justificadas. Actualmente, la Diputación cuenta con más de 400 jefaturas para una plantilla de aproximadamente 1.200 empleados, lo que significa que hay más jefes que funcionarios de base en algunas áreas.
El informe también destaca que los complementos retributivos, como las productividades, han superado los límites establecidos por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En 2019, por ejemplo, el gasto en productividad alcanzó los 1,26 millones de euros, lo que plantea serias dudas sobre la gestión financiera de la institución. Además, se ha señalado que algunos puestos reciben retribuciones fijas sin una evaluación periódica de su desempeño, lo que podría estar contribuyendo a un uso ineficiente de los recursos públicos.
La situación actual en la Diputación de Valencia refleja una serie de problemas estructurales que han sido ignorados durante años. La falta de transparencia en la gestión de personal, junto con la creación de jefaturas y la asignación de salarios desproporcionados, ha llevado a un clima de desconfianza entre los ciudadanos. La reciente controversia en torno a los altos salarios de los funcionarios y la dimisión de José María Ángel son solo la punta del iceberg de un problema más amplio que requiere atención inmediata.
La Diputación de Valencia se enfrenta a un desafío significativo: reformar su estructura salarial y de gestión de recursos humanos para garantizar una administración más eficiente y equitativa. La necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas salariales y de personal es evidente, y la presión pública podría ser un catalizador para el cambio. En un momento en que la confianza en las instituciones públicas es crucial, es imperativo que la Diputación actúe con responsabilidad y transparencia para restaurar la fe de los ciudadanos en su gestión.
