La reciente dimisión de José María Ángel como comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras el escándalo de un título falso ha puesto de relieve no solo un caso de corrupción, sino también la opacidad y el clientelismo que han caracterizado la gestión de personal en la Diputación de Valencia. Este episodio ha destapado una serie de irregularidades en la administración pública que han generado un debate sobre la ética y la transparencia en el sector público.
**Altos Sueldos y Estructura Salarial**
La Diputación de Valencia ha sido históricamente considerada como un lugar privilegiado para los funcionarios, con salarios que superan con creces los estándares del sector público en otras regiones. Actualmente, se estima que alrededor de 120 de los 1.200 empleados públicos de la institución tienen salarios que rondan o superan los 85.000 euros anuales, cifra que corresponde al sueldo del presidente de la Diputación, Vicent Mompó. Este dato es alarmante, especialmente cuando se considera que muchos de estos puestos son de libre designación y han sido ocupados por funcionarios provenientes de otras administraciones.
Los informes internos de la Diputación revelan que los responsables de cada departamento, conocidos como jefes de servicio, tienen salarios que superan los 90.000 euros. Además, los puestos críticos dentro de la administración, que son esenciales para la conexión entre el equipo político y el personal, han visto incrementos salariales significativos en los últimos años. En 2024, el salario promedio de estos jefes alcanzó los 91.770,52 euros, sin contar con las actualizaciones salariales y los trienios que podrían aumentar aún más sus ingresos.
La situación se complica aún más al considerar que la cúpula funcionarial, que incluye a secretarios generales, interventores y tesoreros, puede alcanzar salarios de hasta 120.000 euros anuales. Estos funcionarios, que son seleccionados a través de oposiciones estatales, tienen la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las normativas económicas y legales en la administración local. Sin embargo, la percepción de que estos altos salarios no se justifican adecuadamente ha comenzado a generar críticas entre la ciudadanía.
**Inflación de Jefaturas y Problemas Estructurales**
Uno de los problemas más destacados en la gestión de personal de la Diputación de Valencia es la llamada «inflación de jefaturas». Según un informe de control interno de 2020, se ha observado un crecimiento del gasto en personal que supera el aumento en el número de empleados. Este fenómeno se atribuye en parte al envejecimiento de la plantilla y a la creación de jefaturas que no siempre están justificadas. Actualmente, hay más de 400 jefaturas en una plantilla de aproximadamente 1.200 empleados, lo que significa que hay más jefes que funcionarios de base en algunas áreas.
El informe también señala que el gasto en productividad ha superado los límites establecidos por las leyes de presupuestos generales del Estado. En 2019, por ejemplo, el gasto en productividad alcanzó 1,26 millones de euros, lo que ha llevado a cuestionar la transparencia y la justificación de estos gastos. Además, se han identificado irregularidades en la retribución de ciertos puestos, donde se otorgan complementos fijos sin una evaluación periódica del desempeño.
La situación ha generado un clima de descontento entre los empleados que perciben que los altos salarios de algunos funcionarios no se corresponden con su rendimiento o con las necesidades reales de la administración. Este descontento se ve agravado por la percepción de que la gestión de personal está marcada por el clientelismo y la falta de transparencia, lo que ha llevado a un llamado a la reforma y a una revisión exhaustiva de las políticas salariales y de gestión de recursos humanos en la Diputación.
La controversia en torno a los altos sueldos y la gestión de personal en la Diputación de Valencia es un reflejo de un problema más amplio en la administración pública, donde la falta de transparencia y la opacidad en la gestión pueden llevar a situaciones de abuso y desconfianza por parte de la ciudadanía. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial que se tomen medidas para garantizar una gestión más ética y responsable en el sector público.
