La investigación liderada por el juez Juan Carlos Peinado en relación con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha tomado un giro significativo al involucrar a altos ejecutivos de importantes empresas tecnológicas en España. Este caso, que gira en torno a la financiación de un software para la cátedra de Transformación Social Corporativa en la Universidad Complutense, ha suscitado un gran interés mediático y político, dado el contexto de corrupción que rodea a la acusada.
**Las Inversiones y la Financiación del Proyecto**
Desde el inicio de las pesquisas, se ha revelado que varias empresas, entre ellas Telefónica, Indra y Google, realizaron inversiones en el desarrollo del software que Begoña Gómez utilizó en su cátedra. Telefónica, bajo la dirección de Marc Murtra, habría aportado aproximadamente 50.000 euros en mano de obra, mientras que Google y Indra realizaron inversiones más significativas, de 110.000 y 128.442 euros respectivamente. La naturaleza de estas inversiones ha sido objeto de escrutinio, ya que el juez Peinado busca entender las motivaciones detrás de la financiación de un proyecto universitario que involucra a la esposa del presidente.
El juez ha citado a varios directivos de estas empresas para que expliquen su participación en el proyecto. Entre ellos se encuentran Manuel Ausaverri, director de estrategia de Indra, y Fernando Abril Martorell, exdirector ejecutivo de la misma compañía. La intención de Peinado es esclarecer si hubo algún tipo de favoritismo o conflicto de intereses en la financiación del software, dado el estatus de Gómez como esposa del presidente del Gobierno.
**Testimonios y Revelaciones Clave**
Los testimonios de los directivos citados han comenzado a arrojar luz sobre la naturaleza de las colaboraciones entre las empresas y la cátedra de Gómez. Rosauro Varo, vicepresidente del consejo de administración de Telefónica Audiovisual Digital, admitió que Begoña Gómez le sugirió que presentara el proyecto a Telefónica durante un evento en 2021. Sin embargo, Varo también indicó que no tuvo más información sobre el asunto después de esa conversación, lo que plantea preguntas sobre la transparencia de las decisiones tomadas por la empresa.
Por su parte, los representantes de Google han defendido su colaboración, argumentando que formaba parte de sus esfuerzos continuos para apoyar la transformación digital en España. Sin embargo, el juez Peinado ha mostrado interés en entender por qué estas empresas decidieron invertir en un proyecto que, a primera vista, podría parecer que tiene un interés personal para Gómez.
Además de las inversiones en el software, la investigación también ha comenzado a explorar otros aspectos de la relación de Gómez con el entorno empresarial. Se ha abierto una línea de investigación sobre el nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de Begoña Gómez en Moncloa, lo que ha llevado a cuestionar si este puesto se utilizó para realizar gestiones profesionales que no estaban relacionadas con su rol oficial.
La complejidad del caso se ve aumentada por la existencia de múltiples líneas de investigación que el juez Peinado ha decidido mantener activas. Esto incluye la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, quien también está bajo investigación por su vinculación con la cátedra y su posible influencia en la obtención de contratos públicos.
La situación se complica aún más con la reciente decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha limitado el alcance de la investigación en ciertos aspectos, como el rescate de Air Europa, pero ha mantenido abiertas las indagaciones sobre la cátedra y su financiación. Esto ha llevado a un clima de incertidumbre tanto en el ámbito político como en el empresarial, ya que las implicaciones de este caso podrían tener repercusiones significativas en la percepción pública de las empresas involucradas y su relación con el Gobierno.
La investigación sigue su curso, y a medida que se revelan más detalles, la atención se centra en cómo se desarrollarán los próximos testimonios y qué nuevas evidencias podrían surgir. La cúpula empresarial y tecnológica de España se encuentra en el punto de mira, y el desenlace de este caso podría marcar un precedente en la relación entre el sector privado y el Gobierno, especialmente en lo que respecta a la transparencia y la ética en la financiación de proyectos académicos.
