El reciente incendio en La Isleta, que dejó a una menor gravemente herida, ha sido objeto de una exhaustiva investigación judicial que ha revelado que el fuego tuvo un origen accidental. El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado un auto que concluye que no hay indicios de un ataque doloso, lo que ha llevado a la libertad provisional del investigado, quien había estado en prisión preventiva desde el incidente ocurrido el 16 de julio.
### La Investigación Judicial y sus Resultados
El magistrado Tomás Martín, encargado del caso, ha determinado que el incendio no fue provocado intencionadamente, a pesar de que inicialmente se había imputado al joven un delito de lesiones graves. En los primeros informes médicos, se sugería que las quemaduras de la víctima podrían haber sido causadas por un líquido inflamable, lo que llevó a la detención del investigado. Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, la situación dio un giro inesperado.
La propia víctima, en su declaración ante la Policía, corroboró la versión del investigado, afirmando que el incendio fue accidental. Este testimonio, que fue grabado y está pendiente de ratificación judicial, fue clave para cambiar la dirección de la investigación. Además, la reconstrucción del suceso realizada por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional no encontró evidencia de intencionalidad, lo que reforzó la hipótesis de un accidente.
Los informes médicos posteriores también jugaron un papel crucial en la reevaluación del caso. Estos informes han relativizado la idea de que la menor fue rociada con un líquido inflamable, y la propia afectada ha negado esta circunstancia. Esto ha llevado a la conclusión de que el incendio se produjo mientras la menor estaba atrapada en una habitación, y que el investigado intentaba ayudarla a salir.
### Medidas Cautelares y Libertad Provisional
A pesar de la nueva información que sugiere un origen accidental del incendio, el magistrado ha decidido mantener abiertas las líneas de investigación para descartar cualquier posible imprudencia por parte del investigado. Aunque se ha acordado su libertad provisional, se han impuesto medidas de control, como la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado y la prohibición de salir de la isla. Estas medidas buscan garantizar que el investigado no se fugue ni interfiera en la investigación.
El auto del juez destaca que, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la prisión provisional solo es válida cuando existen indicios racionales de criminalidad. En este caso, el juez ha señalado que la hipótesis de un ataque doloso ha sido desvirtuada por las declaraciones de la víctima y los informes médicos y técnicos. Por lo tanto, se considera desproporcionado mantener al investigado en prisión.
El magistrado también ha enfatizado la importancia de las acciones del joven para auxiliar a la menor, lo que podría atenuar su responsabilidad en el incidente. A pesar de la decisión del juez, la resolución puede ser recurrida, lo que significa que el caso aún puede tener nuevos desarrollos en los próximos días.
Este trágico suceso ha puesto de relieve la importancia de las investigaciones judiciales en casos de lesiones y accidentes. La rapidez con la que se han analizado las pruebas y se han tomado decisiones ha sido fundamental para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia. La comunidad de La Isleta sigue atenta a los avances de este caso, que ha conmocionado a muchos debido a la gravedad de las lesiones sufridas por la menor y la incertidumbre que rodeó al investigado durante las primeras etapas de la investigación.
