La situación económica de la Generalitat Valenciana ha sido objeto de atención en las últimas semanas, especialmente tras las declaraciones de Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE. Durante su intervención en el congreso comarcal del PSPV-PSOE de la Marina Alta, Morant reveló que el Gobierno de España ha proporcionado dos anticipos significativos a la Generalitat en el primer trimestre de 2025, sumando un total de 1.000 millones de euros. Esta inyección de recursos se ha destinado a ayudar a la Generalitat a cumplir con sus obligaciones financieras, especialmente en lo que respecta a los pagos a proveedores.
### Anticipos del Gobierno y su impacto en la Generalitat
Según Morant, el primer anticipo de 500 millones se realizó hasta febrero, seguido de otro de igual importe en marzo. Estos fondos son parte del sistema de financiación que las comunidades autónomas reciben anualmente, pero en este caso, se han entregado de manera anticipada debido a la complicada situación económica que enfrenta la Generalitat. La ministra de Ciencia y Universidades destacó que esta cantidad es un 62% superior a lo que se había transferido en el mismo periodo del año anterior, cuando se otorgaron 617 millones.
La secretaria general del PSPV no dudó en criticar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, acusándolo de ocultar la llegada de estos fondos a los valencianos. Según Morant, Mazón ha fallado en informar a empresarios y organizaciones sobre la disponibilidad de estos recursos, lo que ha generado confusión y desconfianza en la gestión del gobierno autonómico. «Es el señor Mazón el que incumple y el que no paga para hacerse la víctima», afirmó Morant, enfatizando que la responsabilidad de la deuda con los proveedores recae en la administración local.
Mazón ha cifrado la deuda de la Generalitat con sus proveedores en 1.455 millones de euros, lo que ha llevado a su partido, el PP, a exigir una activación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario. Sin embargo, Morant subrayó que el Gobierno de España ya ha proporcionado recursos suficientes para que la Generalitat cumpla con sus obligaciones económicas.
### La política de contrarreuniones y la estrategia del PP
En un contexto de creciente tensión política, Morant también hizo referencia a la estrategia de contrarreuniones que ha adoptado Mazón. El mismo día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió en Valencia con asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre, Mazón organizó una reunión alternativa, donde intentó posicionarse como una víctima del Gobierno central. Esta táctica ha sido criticada por Morant, quien considera que el PP está utilizando la situación para desviar la atención de sus propias responsabilidades.
La secretaria general del PSPV-PSOE argumentó que el PP, al votar en contra de las entregas a cuenta en Madrid, está actuando en contradicción con sus demandas en la Comunidad Valenciana. «Un Mazón y un PP que cuando se votaron las entregas a cuenta a las comunidades autónomas votaron en contra. En Madrid votan en contra y aquí piden lo que en Madrid votan en contra», enfatizó Morant, sugiriendo que la falta de coherencia en la postura del PP está perjudicando a los ciudadanos valencianos.
La situación actual ha generado un clima de descontento entre la población, que ha comenzado a cuestionar la capacidad de Mazón para gestionar la crisis. Recientes encuestas indican que una gran parte de los ciudadanos cree que el presidente debe dimitir debido a su manejo de la situación tras la dana. Este descontento se ha manifestado en diversas manifestaciones y protestas, donde los ciudadanos han exigido una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
En este contexto, la inyección de 1.000 millones de euros por parte del Gobierno de España se presenta como una oportunidad para que la Generalitat pueda estabilizar su situación financiera y cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, la falta de comunicación y la política de confrontación entre los diferentes partidos políticos podrían obstaculizar la efectividad de estas medidas. La población valenciana espera que, a pesar de las diferencias políticas, se priorice el bienestar de los ciudadanos y se utilicen los recursos de manera eficiente para hacer frente a la crisis económica actual.
