La ciudad de Orense se encuentra en estado de shock tras la reciente condena de Martiño Ramos Soto, un profesor de música de un colegio público y conocido activista político, quien ha sido sentenciado a 13 años de prisión por violar reiteradamente a una alumna menor de edad. Este caso ha puesto de manifiesto no solo la gravedad de los delitos cometidos, sino también las fallas del sistema educativo y judicial que permitieron que el acusado continuara en su puesto durante años, a pesar de las acusaciones en su contra.
### La Historia de un Depredador
Martiño Ramos Soto, de 50 años, era una figura reconocida en Orense, tanto en el ámbito educativo como en los círculos políticos. Su activismo en movimientos feministas y su compromiso con la educación pública contrastaban drásticamente con la realidad que se ha revelado tras la investigación judicial. Las agresiones comenzaron en 2019, cuando la víctima, que en ese momento tenía apenas 12 años, cursaba 6º de Primaria. El profesor se aprovechó de su vulnerabilidad, contactándola inicialmente a través de Instagram con un perfil falso, haciéndose pasar por otro menor.
La estrategia de Ramos Soto fue meticulosamente calculada. Se presentó como una figura de apoyo emocional, ganándose la confianza de la menor antes de solicitarle fotografías y videos de contenido sexual. La sentencia del tribunal detalla cómo, tras semanas de conversaciones, citó a la menor en el aula de música para revelarle su verdadera identidad. A partir de ese momento, los abusos se repitieron en al menos diez ocasiones, tanto dentro como fuera del colegio.
Los detalles de las agresiones son escalofriantes. En una de las ocasiones, llevó a la víctima a un lugar aislado, donde la desnudó y la golpeó brutalmente. La sentencia describe episodios de extrema violencia, donde la menor imploraba que se detuviera mientras él continuaba con sus ataques. Estos actos de abuso no solo fueron físicos, sino que también incluyeron manipulación psicológica, dejando a la víctima en un estado de trauma profundo.
### La Reacción del Sistema
Uno de los aspectos más desconcertantes de este caso es la forma en que el sistema judicial y educativo manejó las denuncias. A pesar de que la menor se atrevió a denunciar los hechos en 2021, se encontró con un muro de incredulidad por parte de algunos trabajadores del centro educativo. La orientadora y otras profesoras desestimaron sus alegaciones, sugiriendo que eran meras imaginaciones. Esta falta de apoyo institucional permitió que Ramos Soto continuara ejerciendo su labor docente con normalidad, incluso después de que se presentaran las denuncias.
La investigación judicial no solo corroboró el relato de la víctima, sino que también reveló que el profesor había contactado a otras alumnas siguiendo el mismo patrón. Utilizaba perfiles falsos en redes sociales para atraer a las menores, presentándose como un amigo o figura de apoyo antes de solicitarles contenido sexual. Esta táctica de manipulación ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de los jóvenes en el entorno digital y la necesidad urgente de una educación más robusta sobre la seguridad en línea.
A pesar de la gravedad de los delitos, el sistema judicial mostró una sorprendente benevolencia hacia Ramos Soto. Durante los cuatro años que duró el proceso judicial, la Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión provisional, lo que le permitió continuar dando clases. Esta inacción administrativa ha sido criticada por muchos, quienes argumentan que el sistema falló en proteger a la menor y en garantizar que el acusado enfrentara las consecuencias de sus actos de inmediato.
Finalmente, en julio de 2025, el Tribunal Supremo ratificó la condena de 13 años y medio de cárcel por captación online de pornografía infantil y abusos continuados. Además, se le impuso una libertad vigilada de ocho años y 21 años y medio de inhabilitación para ejercer cualquier profesión que implique contacto con menores. Sin embargo, cuando la policía fue a buscarlo para cumplir con la sentencia, no pudieron encontrarlo, ya que el profesor se había fugado antes de que se ejecutara la orden de captura.
La situación ha dejado a la comunidad de Orense en un estado de incertidumbre y preocupación. La víctima, ahora con 20 años, ha sufrido secuelas psíquicas graves, incluyendo autolesiones y problemas psiquiátricos que han requerido atención médica constante. Su testimonio y el de otras alumnas han puesto de manifiesto la necesidad de un cambio en cómo se manejan las denuncias de abuso en el ámbito educativo, así como la importancia de crear un entorno seguro para los estudiantes.
La historia de Martiño Ramos Soto es un recordatorio escalofriante de que el abuso puede ocurrir en los lugares más inesperados, incluso en entornos que deberían ser seguros y de apoyo. La comunidad de Orense espera que se haga justicia y que el sistema aprenda de este caso para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La lucha por la protección de los menores y la justicia para las víctimas debe ser una prioridad, y es fundamental que se tomen medidas para garantizar que los depredadores no puedan operar con impunidad en el sistema educativo.
