La administración pública en la Comunidad Valenciana ha estado marcada por una serie de escándalos y prácticas cuestionables que han puesto en tela de juicio la transparencia y la ética en la gestión de recursos humanos. La reciente dimisión del comisionado del Gobierno para la dana, tras la revelación de un título universitario falso, ha reavivado el debate sobre el acceso a la función pública y la necesidad de reformas profundas en el sistema. Este artículo explora el contexto histórico y las dinámicas actuales que han permitido que estas situaciones se desarrollen en la administración valenciana.
La historia de la administración pública en la Comunidad Valenciana se remonta a los inicios de la democracia en España, donde se establecieron las bases para la función pública en un contexto de cambio y adaptación. Durante la primera legislatura democrática local (1979-1983), se vivieron situaciones que hoy parecen surrealistas, como la anécdota de un alcalde que, tras un examen fallido de una secretaria, decidió mantenerla en su puesto a cambio de abrir las puertas a otros jóvenes en la administración. Este tipo de prácticas, que en su momento parecían inofensivas, han contribuido a crear un sistema donde el clientelismo y la falta de transparencia han prosperado.
La falta de un marco jurídico claro y de leyes de transparencia hasta 2015 ha permitido que muchos ‘bien conectados’ accedieran a la función pública sin los requisitos necesarios. La ley 30/1984, que buscaba reformar la función pública, fue un primer paso, pero su implementación fue lenta y desigual. A lo largo de los años, se han consolidado prácticas como la funcionarización de interinos y la creación de plazas que, en muchos casos, han beneficiado a personas con conexiones políticas más que a aquellas con méritos reales.
### La Cultura del Clientelismo y la Opacidad
La Diputación de Valencia ha sido un claro ejemplo de cómo la cultura del clientelismo se ha arraigado en la administración pública. Durante décadas, tanto el PSPV como el PP han controlado esta institución, lo que ha permitido que se mantenga una percepción de laxitud en los procesos de contratación y promoción. La falta de un control interno riguroso y la complicidad de la oposición han contribuido a que muchos casos de irregularidades pasen desapercibidos. La historia está llena de ejemplos, como el caso de Carles Recio, quien cobró durante diez años sin ir a trabajar, o los empleados conocidos como ‘zombis’, que cobraban sin cumplir con sus obligaciones laborales.
La contratación de asesores también ha sido objeto de críticas. En la actualidad, la Diputación cuenta con un número récord de 63 asesores, muchos de los cuales son designados por razones políticas más que por su capacidad profesional. Este fenómeno se ha visto acentuado por la necesidad de los partidos de mantener contentos a sus aliados, como es el caso de Vox, que ha logrado un número desproporcionado de asesores en comparación con su representación.
Además, la falta de transparencia en los procesos de selección ha llevado a situaciones donde familiares y conocidos de políticos han conseguido empleos en la administración, lo que refuerza la percepción de que el acceso a la función pública está más relacionado con las conexiones personales que con el mérito. Las denuncias sobre amaños en oposiciones y la designación de tribunales también han sido recurrentes, lo que genera un clima de desconfianza entre los ciudadanos.
### La Necesidad de Reformas Estructurales
Frente a este panorama, la administración valenciana se enfrenta a la urgente necesidad de implementar reformas estructurales que garanticen la transparencia y la equidad en el acceso a la función pública. La creación de un marco legal más robusto que regule la contratación y promoción de personal es esencial para erradicar prácticas clientelistas y asegurar que los puestos se ocupen por personas capacitadas y competentes.
La implementación de leyes de transparencia y la promoción de una cultura de rendición de cuentas son pasos fundamentales para restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La administración debe ser capaz de demostrar que los procesos de selección son justos y que se basan en criterios objetivos, eliminando así cualquier sombra de duda sobre la integridad de sus operaciones.
Por otro lado, es crucial que los sindicatos y la oposición asuman un papel más activo en la vigilancia de estos procesos. La colaboración entre diferentes actores políticos y sociales puede ser un motor de cambio que impulse la reforma de la administración pública hacia un modelo más transparente y eficiente.
La historia reciente de la administración en la Comunidad Valenciana es un recordatorio de que la falta de control y la opacidad pueden llevar a situaciones insostenibles. La dimisión del comisionado del Gobierno para la dana es solo un síntoma de un problema más profundo que requiere atención inmediata. Solo a través de reformas significativas se podrá construir una administración pública que sirva realmente a los intereses de la ciudadanía y que esté libre de prácticas corruptas y clientelistas.
