La reciente encuesta realizada en la Comunitat Valenciana ha revelado un panorama desalentador para el gobierno del president Carlos Mazón. La opinión pública se ha manifestado de manera contundente respecto a la gestión del Consell del PP tras la devastadora dana que afectó a Valencia el 29 de octubre, resultando en la trágica pérdida de 228 vidas y daños materiales que ascienden a millones de euros. Los resultados de la encuesta, llevada a cabo por Lápiz Estratégico Consulting, muestran que un abrumador 81,2 % de los ciudadanos considera que Mazón debería dimitir, y un 90 % opina que no debería presentarse a la reelección.
La valoración de la gestión del Consell en relación a la catástrofe es igualmente negativa. Un 82,5 % de los encuestados califica la actuación del gobierno autonómico como mala, con un 54,9 % que la considera muy mala. Solo un 1,9 % de los ciudadanos se atreve a dar una valoración positiva. Esta tendencia se mantiene a lo largo de las tres provincias de la Comunitat Valenciana, aunque Alicante se destaca como la más crítica, con un 90 % de opiniones desfavorables hacia la gestión del Consell. Castellón y Valencia siguen con un 80,1 % y 77,7 % de valoraciones negativas, respectivamente.
El descontento no se limita a la figura de Mazón, sino que se extiende a los partidos que no forman parte del ejecutivo autonómico. La encuesta también evalúa la percepción de los ciudadanos sobre la gestión de los partidos de la oposición, como el PSPV, Compromís y Vox. En el caso del PSPV, un 55,9 % de los encuestados critica su gestión, mientras que solo un 14,8 % la aprueba. Vox, que comenzó la legislatura como socio del PP, también recibe un fuerte rechazo, con un 50,4 % de desaprobación y solo un 5,2 % de apoyo. Compromís, aunque obtiene cifras ligeramente mejores, también enfrenta un suspenso claro, con un 41,6 % de la población calificando su gestión como mala o muy mala.
La encuesta no solo se centra en la valoración general de los partidos, sino que también aborda cuestiones específicas relacionadas con la gestión de la dana. Uno de los temas más controvertidos es el retraso en el envío del mensaje de alerta a la población afectada, que se produjo a las 20:11 horas, un momento crítico en el que ya se habían registrado muchas de las muertes. Un 67,2 % de los encuestados responsabiliza a la Generalitat de este retraso, mientras que solo un 16 % señala al Gobierno central. Esta percepción de culpa se extiende a otros aspectos de la gestión de la crisis, como la falta de limpieza de ríos y barrancos, donde un 56,1 % de los ciudadanos también atribuye la responsabilidad a la Generalitat.
La situación se complica aún más al analizar la llegada tardía de los efectivos militares a los municipios más afectados. En este caso, un 47,6 % de los encuestados culpa al Gobierno central, mientras que un 40,1 % señala a la Generalitat. Esta división de responsabilidades refleja la complejidad de la gestión de emergencias y la percepción de los ciudadanos sobre la eficacia de sus líderes políticos en momentos de crisis.
El descontento generalizado ha llevado a la oposición a exigir elecciones anticipadas, argumentando que la falta de confianza en el gobierno actual es insostenible. La presión política se intensifica a medida que se acerca el ecuador de la legislatura, y la posibilidad de un adelanto electoral se convierte en un tema candente en el debate público.
La encuesta también revela diferencias significativas en la percepción de la gestión según el sexo y la edad de los encuestados. Los hombres tienden a ser más críticos, con un 86,8 % de desaprobación en el grupo de edad de 31 a 45 años. Esta tendencia sugiere que las decisiones del Consell han tenido un impacto desproporcionado en ciertos segmentos de la población, lo que podría influir en el comportamiento electoral en el futuro.
La situación actual en la Comunitat Valenciana es un reflejo de la tensión política y social que se vive en España. La gestión de la crisis de la dana ha puesto de manifiesto las debilidades del gobierno regional y ha generado un clima de desconfianza entre los ciudadanos. A medida que se acercan las elecciones, la presión sobre el Consell y sus líderes aumentará, y será crucial para ellos abordar las preocupaciones de la ciudadanía si desean mantener su apoyo en el futuro.
