La reciente modificación en la Ley de Eficiencia de la Justicia 1/2025 ha generado una ola de preocupación entre los magistrados y profesionales de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) en España. A partir del 3 de octubre, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer asumirán nuevas competencias que incluyen la tramitación de casos de violencia sexual, matrimonios forzosos, mutilación genital femenina y acoso sexual, además de los casos de violencia en el ámbito de la pareja. Este cambio, aunque busca modernizar y agilizar la Administración de Justicia, ha sido criticado por la falta de recursos y la infraestructura necesaria para manejar la carga adicional de trabajo.
### La Carga Adicional en los Juzgados
Los magistrados han expresado su preocupación por el aumento significativo en la carga laboral que enfrentan. Se estima que los trabajadores de estos juzgados podrían ver un incremento del 20% en su carga de trabajo, lo que podría llevar a un colapso en un sistema que ya está saturado. A pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado reforzar 23 juzgados en todo el país, incluyendo cinco en la Comunitat Valenciana, los magistrados advierten que la realidad es muy diferente. La falta de adaptación de las sedes judiciales y la insuficiencia de servicios auxiliares complican aún más la situación.
Los jueces han señalado que, en muchos partidos judiciales, no se han realizado las adaptaciones necesarias para garantizar un entorno seguro y cómodo para las víctimas. Esto es especialmente crítico dado que muchas de las víctimas que acudirán a estos juzgados necesitarán atención inmediata y protección. La falta de recursos humanos y materiales para abordar la avalancha de casos que se avecina es una preocupación constante entre los profesionales del sector.
### Impacto en las Víctimas y el Proceso Judicial
Uno de los aspectos más alarmantes de esta situación es cómo afectará a las víctimas de violencia. Durante las guardias, los magistrados se enfrentan al desafío de atender múltiples casos, lo que puede resultar en un trato menos personalizado para las víctimas. La atención a casos de violencia sexual, que requieren un enfoque delicado y tiempo, podría verse comprometida. Esto significa que las víctimas podrían no recibir la atención adecuada que necesitan en momentos críticos.
Además, los profesionales de las UVFI han advertido que el colapso en los juzgados se traducirá en plazos de espera prolongados para las víctimas. Con la entrada en vigor de las nuevas competencias, se prevé que los tiempos de espera para la atención de las víctimas se extiendan a meses. Esto es particularmente preocupante dado que la violencia sexual ha aumentado en los últimos años, y el número de pruebas periciales en la ciudad de València se ha duplicado entre 2020 y 2024, mientras que el número de profesionales en este campo ha crecido en menos del 50%.
Los profesionales de las UVFI han solicitado la creación de protocolos específicos para abordar la violencia sexual de manera integral. Actualmente, existe un protocolo, pero no se adapta a la complejidad de los casos de violencia sexual, que involucran múltiples factores y contextos. La falta de recursos y la necesidad de especialización en la evaluación de estos casos son temas recurrentes en las quejas de los magistrados y los profesionales forenses.
La situación actual plantea un desafío significativo para el sistema judicial español, que se enfrenta a la necesidad de adaptarse a nuevas realidades sin los recursos adecuados. La falta de preparación para manejar la carga adicional de casos de violencia sexual y otros tipos de violencia puede tener consecuencias graves para las víctimas, quienes ya enfrentan un sistema que a menudo les resulta abrumador y poco accesible.
En resumen, la implementación de las nuevas competencias en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ha generado una serie de preocupaciones que van desde la sobrecarga de trabajo hasta el impacto negativo en la atención a las víctimas. La falta de recursos y la necesidad de protocolos adecuados son cuestiones que deben abordarse con urgencia para garantizar que el sistema judicial pueda cumplir con su función de proteger a las víctimas y proporcionar justicia de manera efectiva.
