La reciente riada del 29 de octubre ha dejado una huella profunda en las comarcas de la Comunidad Valenciana, y la respuesta del Gobierno central ha sido objeto de controversia. La Generalitat Valenciana ha denunciado que sus solicitudes de ayuda y colaboración han sido ignoradas en gran medida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta situación ha generado un clima de descontento y frustración entre las autoridades locales, quienes esperaban una respuesta más contundente y efectiva ante la emergencia provocada por las inundaciones.
Las reuniones entre los consellers de la Generalitat y los ministros del Gobierno central, que se llevaron a cabo en el marco de grupos de trabajo creados para gestionar la reconstrucción, han resultado en una escasa atención a las propuestas formuladas. Según la Generalitat, de las 59 medidas solicitadas para abordar la emergencia y reactivar la economía y los servicios sociales, solo 20 han sido aceptadas. Esto significa que aproximadamente dos de cada tres peticiones han sido rechazadas, lo que ha llevado a la Generalitat a calificar la situación como «decepcionante».
Entre las solicitudes rechazadas se encuentran importantes inversiones, como 175 millones de euros para equipamientos en colegios e institutos afectados, 45 millones para prestaciones por dependencia y 250 millones para reparaciones en residencias y centros de atención sociosanitaria. Además, la Generalitat solicitó 2,6 millones para crear un centro de acogida temporal para personas que han perdido su vivienda, así como 3 millones para la rehabilitación de viviendas dañadas, todas ellas rechazadas por el Gobierno central.
### La Respuesta del Gobierno Central
Por su parte, el Gobierno ha rechazado la interpretación de la Generalitat sobre la situación. Según el Ejecutivo, las negociaciones se estancaron debido a la falta de colaboración de la Generalitat para realojar a las familias afectadas. El Gobierno ha afirmado que ha estudiado un total de 335 solicitudes de realojo y ha asignado viviendas a 183 familias, lo que representa una inversión significativa en la recuperación de la zona.
El Ministerio de Transición Ecológica ha defendido su compromiso con la reconstrucción, afirmando que se han destinado más de 1.200 millones de euros para mejorar la resiliencia del territorio ante futuras inundaciones. De esta cantidad, 437 millones ya han sido aprobados para la reparación de redes de saneamiento y abastecimiento. El Gobierno sostiene que no ha rechazado ninguna petición y que todas las ayudas concedidas cubren el 100% del coste de las actuaciones necesarias.
Sin embargo, la Generalitat ha insistido en que está asumiendo la mayor parte de las obras públicas necesarias para recuperar la movilidad y los servicios en la región. Se han invertido 600 millones de euros en la recuperación de 18 carreteras autonómicas y en la restauración del servicio de metro. A pesar de estos esfuerzos, la Generalitat ha criticado la falta de avances en el servicio de autobuses y en la mejora de las infraestructuras de transporte, lo que ha generado un malestar adicional entre los ciudadanos afectados.
### La Situación Actual y el Futuro
La situación actual refleja un claro desacuerdo entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno central sobre cómo abordar la reconstrucción tras la riada. Mientras que la Generalitat busca una mayor colaboración y recursos para atender las necesidades de las comunidades afectadas, el Gobierno central defiende su gestión y las inversiones realizadas hasta la fecha.
Este conflicto no solo afecta a las instituciones, sino que también tiene un impacto directo en la vida de miles de ciudadanos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad tras las inundaciones. La falta de un acuerdo claro y efectivo puede prolongar la crisis y dificultar la recuperación de las áreas afectadas.
La Generalitat ha manifestado su intención de seguir luchando por las ayudas necesarias y ha instado al Gobierno a reconsiderar su postura. La reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras la riada del 29 de octubre es una tarea monumental que requiere la colaboración de todos los niveles de gobierno, así como un compromiso real para atender las necesidades de los ciudadanos afectados. La presión sobre ambas partes para encontrar una solución efectiva y rápida es cada vez mayor, y el tiempo es un factor crucial en este proceso de recuperación.
