En un contexto donde las diferencias políticas suelen marcar la pauta del debate, la concejala del Partido Popular (PP) en Ontinyent, María del Carmen Cambra, ha decidido romper con la norma y expresar su descontento hacia la gestión de su propio partido en relación con la financiación de los servicios sociales. Durante un pleno municipal, Cambra no dudó en señalar la falta de recursos económicos que la Generalitat destina a los servicios sociales, un tema que afecta directamente a la calidad de vida de los ciudadanos de Ontinyent.
La intervención de Cambra se produjo en el marco de la discusión sobre la aprobación del contrato-programa entre la administración autonómica y el ayuntamiento, que tiene como objetivo financiar los recursos sociales en la localidad. La concejala comenzó su discurso enfatizando la necesidad de actuar con responsabilidad y reconocer las carencias presupuestarias que no pueden ser ignoradas. «La aportación de la Generalitat se mantiene congelada desde hace cuatro años, sin ajustes por inflación ni incrementos salariales del personal público, lo que se traduce en una mayor carga económica para el ayuntamiento», afirmó Cambra, quien también destacó que el déficit en servicios como el centro ocupacional y el centro de día asciende a 90.000 euros anuales que deben ser asumidos con fondos propios del municipio.
La crítica de Cambra no solo se limita a la situación de Ontinyent, sino que también refleja una problemática más amplia que afecta a todos los ayuntamientos de la comunidad. «Es inadmisible que la conselleria no tome medidas al respecto, ya que estos son servicios especializados que atienden a colectivos con necesidades específicas, donde el apoyo y la atención deben ser adecuados», recalcó la edil. La falta de recursos no solo pone en riesgo la calidad de los servicios, sino que también limita las actividades de ocio, tiempo libre y deporte que son fundamentales para el desarrollo integral de las personas atendidas.
La experiencia de María del Carmen Cambra en el ámbito de la diversidad funcional le otorga una perspectiva única sobre la situación. Con más de veinte años de trayectoria en este campo y formación como técnica en Integración Social y Salud Medioambiental, Cambra sabe de primera mano las implicaciones que tiene la falta de financiación en la atención a las personas con discapacidad. En su intervención, también se mostró dispuesta a reconocer los esfuerzos realizados por su partido, señalando que, a pesar de ser una comunidad infrafinanciada, se ha incrementado la financiación del contrato-programa en 674.000 euros respecto al año anterior. Sin embargo, su autocrítica resuena con fuerza, ya que considera que es necesario hacer más para garantizar el bienestar de los ciudadanos.
La situación de los servicios sociales en Ontinyent es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas localidades en la Comunidad Valenciana. La falta de recursos y la congelación de las aportaciones por parte de la Generalitat han llevado a los ayuntamientos a asumir cargas económicas que no deberían ser de su responsabilidad. Esta realidad plantea interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos y la prioridad que se otorgan a los servicios sociales en el contexto político actual.
La intervención de Cambra ha generado un debate necesario sobre la importancia de la financiación adecuada para los servicios sociales. En un momento en que la atención a las personas más vulnerables es más crucial que nunca, es fundamental que las administraciones públicas asuman su responsabilidad y garanticen los recursos necesarios para el funcionamiento de estos servicios. La voz de una concejala del PP que critica a su propio partido puede ser un indicativo de que, a pesar de las diferencias políticas, hay un consenso en la necesidad de mejorar la atención social.
La situación en Ontinyent es un llamado a la acción para todos los actores involucrados en la gestión de los servicios sociales. La falta de recursos no solo afecta a los beneficiarios directos, sino que también repercute en la comunidad en su conjunto. La atención a las personas con discapacidad, la promoción de la inclusión social y el apoyo a las familias son aspectos que deben ser priorizados en la agenda política. La crítica de Cambra puede ser el primer paso hacia un cambio necesario en la forma en que se financian y gestionan los servicios sociales en la Comunidad Valenciana.
