La situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias ha alcanzado niveles alarmantes, con un sistema de acogida que, a pesar de recibir millonarias asignaciones, no logra garantizar condiciones dignas para estos niños. Cada mes, las entidades sociales reciben 11,7 millones de euros a través de contratos públicos de emergencia, pero esta cifra se ha demostrado insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los menores. La falta de transparencia y la escasa fiscalización han permitido que el sistema se convierta en un servicio precario, donde las denuncias por sobreocupación y falta de personal cualificado son constantes.
### La Presión Migratoria y sus Consecuencias
En la actualidad, Canarias cuenta con 85 centros operativos que ofrecen un total de 5.600 plazas para menores migrantes. De estas, 4.133 están gestionadas por catorce entidades sociales, habilitadas de manera extraordinaria para hacer frente a la emergencia humanitaria. Sin embargo, el Gobierno canario enfrenta una presión migratoria constante, lo que ha llevado a un aumento en el número de niños tutelados y a un sistema que se resquebraja bajo su propio peso. La administración regional paga 90 euros diarios por cada menor, una cifra que, aunque puede parecer elevada, es considerada una de las más bajas del país. Este monto debe cubrir la manutención, ropa, traslados, formación y salarios del personal, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad de ofrecer una atención adecuada.
La Consejería de Bienestar Social ha comenzado a revisar los costos y ha estimado que el gasto por plaza debería ser de 117 euros diarios para poder ofrecer una atención más individualizada. Sin embargo, la realidad es que muchos centros superan las 20 plazas, lo que dificulta la atención personalizada que los menores necesitan. La falta de recursos y la sobrecarga de trabajo han llevado a que el 58% del personal sea técnico educativo, lo que plantea interrogantes sobre la calidad de la atención que reciben los menores.
### Un Sistema en Crisis
El sistema de acogida ha sido objeto de críticas por su falta de eficacia y por el uso cuestionable de los fondos públicos. Fuentes cercanas a las entidades sociales han señalado que la atención a la infancia migrante se ha convertido en un negocio para algunas organizaciones, que invierten sus beneficios en la compra de inmuebles para abrir nuevos centros. Aunque estas entidades no pueden repartir beneficios, el superávit debe destinarse a fines sociales, lo que ha llevado a cuestionar si realmente se está invirtiendo en mejorar la atención a los menores. La falta de personal y la escasa formación de los trabajadores son problemas recurrentes que afectan directamente la calidad del servicio.
La Consejería ha implementado un protocolo de atención de calidad y ha intensificado las inspecciones en los centros, pero los resultados han sido mixtos. En algunos casos, se han cerrado centros por irregularidades, y se han remitido expedientes a la Fiscalía. Sin embargo, la administración se enfrenta a un desafío mayor: la falta de respuesta del Gobierno central y el bloqueo de varias comunidades autónomas para el traslado de menores, lo que ha dejado a Canarias en una situación de colapso.
La reforma de la ley de extranjería, que busca un reparto equitativo de menores por todo el territorio nacional, ha sido un avance significativo, pero su implementación se ha visto obstaculizada por motivos políticos. La comunidad autónoma ha alertado sobre la necesidad urgente de soluciones, pero las respuestas han sido lentas y, en muchos casos, ineficaces. La situación se agrava con episodios trágicos, como el reciente vuelco de un cayuco en el que murieron varias personas, lo que pone de manifiesto la urgencia de abordar esta crisis.
La directora general de Infancia ha expresado su impotencia ante la situación, señalando que los centros están sobreocupados y que no se puede garantizar el interés superior del menor. A pesar de los esfuerzos realizados, la realidad es que el sistema de acogida en Canarias se encuentra en una encrucijada, donde la falta de recursos y la presión migratoria continúan desbordando las capacidades de atención. La necesidad de un cambio estructural y de una mayor inversión en el bienestar de los menores es más urgente que nunca, y la comunidad espera que se tomen medidas efectivas para abordar esta crisis humanitaria.
