La reciente citación de Maribel Vilaplana como testigo en el juicio relacionado con la DANA del 29 de octubre ha generado un revuelo en la política valenciana. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha expresado su postura de respeto hacia el proceso judicial, evitando hacer valoraciones políticas sobre el mismo. Esta tragedia, que dejó un saldo de 229 muertos en la provincia de Valencia, sigue siendo un tema candente en la agenda pública, especialmente a medida que se acerca el primer aniversario de los desastres causados por las inundaciones.
La decisión de la Audiencia Provincial de Valencia de citar a Vilaplana, quien compartió mesa con Mazón el día de la tragedia, ha suscitado interrogantes sobre la posible revelación de información crucial que podría implicar a la administración en la gestión de la crisis. Mazón, al ser cuestionado sobre su asistencia al funeral de Estado programado para el miércoles, no ofreció una respuesta clara, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre su compromiso con las víctimas y su familia política.
### Críticas al Gobierno Central
En medio de este contexto, Mazón ha aprovechado la ocasión para criticar al Gobierno central, señalando lo que considera un “desembarco de ministros” en Valencia, en alusión a la visita de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, a la Albufera. El presidente autonómico ha instado al Gobierno de España a dejar de “mentir” y a cumplir con las promesas de inversión y ayuda a los afectados por la DANA. Según Mazón, la Generalitat ha invertido 100 millones de euros en la Albufera, mientras que el Gobierno solo ha concedido 56 millones para la regeneración, lo que considera insuficiente.
La situación se complica aún más cuando se considera que, un año después de las inundaciones, muchos de los afectados siguen enfrentando dificultades financieras, incluyendo el pago de intereses por créditos que han recibido de manera escasa y tardía. Mazón ha calificado de “inmoral” que los afectados continúen pagando impuestos sobre las ayudas que deberían recibir, lo que ha generado un clima de frustración y descontento entre la población.
El presidente de la Generalitat también ha criticado las cifras que el Gobierno central ha presentado en relación con las ayudas, acusando a la ministra de Ciencia, Diana Morant, de confundir los datos al afirmar que se habían transferido 8.000 millones, cuando en realidad, según Mazón, solo se han ingresado 1.000 millones. Este “baile de cifras” ha sido calificado por él como una “vergüenza torera”, reflejando la falta de transparencia y la descoordinación entre las administraciones.
### La Falta de Coordinación y Recursos
Uno de los puntos más críticos que ha señalado Mazón es la ausencia de una comisión mixta que permita una mejor coordinación entre el Gobierno central y la Generalitat. Recordó que en situaciones similares, como la crisis en La Palma, se establecieron mecanismos de colaboración rápidamente, lo que ha faltado en el caso de la DANA. Esta falta de coordinación ha sido vista como un obstáculo para la recuperación de los afectados y ha llevado a Mazón a exigir al Gobierno que deje de hacer política y comience a trabajar de manera efectiva en la solución de los problemas.
La situación en la provincia de Alicante, que sigue siendo la última en inversión en todo el Estado, también ha sido objeto de críticas. Mazón ha lamentado que la falta de unos Presupuestos Generales del Estado esté afectando gravemente a la región, lo que ha llevado a una sensación de abandono por parte del Gobierno central. La percepción de que la provincia no recibe la atención y los recursos que merece ha alimentado un sentimiento de descontento entre los ciudadanos.
A medida que se acerca el aniversario de la DANA, la presión sobre el Gobierno y la Generalitat aumenta. Las víctimas y sus familias esperan respuestas y soluciones a sus problemas, mientras que los líderes políticos se enfrentan a la necesidad de demostrar que están trabajando en su beneficio. La citación de Vilaplana y el proceso judicial que se avecina podrían ser un punto de inflexión en la búsqueda de responsabilidades y en la gestión de crisis futuras. La comunidad valenciana observa atentamente cómo se desarrollan estos acontecimientos, esperando que se tomen decisiones que realmente beneficien a quienes más han sufrido.
