La investigación sobre la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a Valencia el 29 de octubre de 2024 ha tomado un giro inesperado. La jueza encargada del caso ha expresado su desacuerdo con el informe presentado por la Guardia Civil, que critica la respuesta de las administraciones ante la tragedia. Este informe ha sido objeto de debate, ya que la magistrada considera que no se ajusta a lo que se le había solicitado y que contiene errores significativos en sus apreciaciones.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha señalado que el informe de la Guardia Civil, aunque extenso y detallado, no cumple con el objetivo de elaborar una cronología de los eventos que llevaron al desbordamiento de ríos y barrancos. En su auto, la jueza argumenta que el documento se adentra en teorías que ya han sido desestimadas en el ámbito judicial, como la del «apagón informativo», que sugiere que la falta de avisos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de Aemet contribuyó a la tragedia. Ruiz Tobarra considera que esta teoría ha sido superada y que el informe no refleja adecuadamente las comunicaciones y acciones que se llevaron a cabo durante la emergencia.
### Críticas al Informe de la Guardia Civil
El informe de la Guardia Civil ha sido criticado por su enfoque en la falta de avisos y la supuesta inacción de las autoridades. La jueza ha destacado que, a pesar de que el informe menciona la ausencia de correos específicos durante momentos críticos, no toma en cuenta las comunicaciones efectivas que sí se produjeron. Ruiz Tobarra ha indicado que Aemet proporcionó información relevante al 112 de la Generalitat, y que esta comunicación no fue adecuadamente reflejada en el informe. Además, ha señalado que las previsiones meteorológicas fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación, lo que indica que había un conocimiento generalizado sobre la situación de riesgo.
La jueza también ha criticado la falta de consideración del informe hacia las declaraciones de testigos y expertos que han aportado información crucial sobre lo ocurrido. Según su análisis, el informe no aborda adecuadamente las circunstancias que rodearon la tragedia, incluyendo la retirada de los bomberos forestales que estaban vigilando el barranco del Poyo, lo que podría haber influido en el número de víctimas. Ruiz Tobarra ha enfatizado que la responsabilidad de la vigilancia de los barrancos recae en la Generalitat, y no exclusivamente en la CHJ.
### La Reacción del Consell y el Contexto Político
La crítica de la jueza al informe de la Guardia Civil ha generado un impacto significativo en la estrategia del Consell, que había encontrado en dicho informe un argumento para defender su actuación durante la crisis. La oposición, especialmente el Partido Popular, ha utilizado el informe para cuestionar la gestión del gobierno regional, señalando la lentitud en la respuesta ante la emergencia. Sin embargo, con el auto de la jueza, se debilita esta narrativa y se pone en entredicho la eficacia de las acusaciones basadas en el informe.
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha comprometido a crear un protocolo de actuación ante emergencias, en un intento de mejorar la coordinación entre las distintas administraciones y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La creación de un interlocutor único para gestionar las emergencias ha sido una de las propuestas que ha surgido a raíz de la tragedia, buscando optimizar la respuesta ante situaciones de crisis.
La situación actual refleja no solo la complejidad de la investigación judicial, sino también el contexto político en el que se desarrolla. La DANA ha dejado una huella profunda en la comunidad, y las repercusiones de esta tragedia aún resuenan en el ámbito político y social. La búsqueda de responsabilidades y la necesidad de mejorar los protocolos de emergencia son temas que seguirán ocupando un lugar central en el debate público.
En resumen, la investigación sobre la DANA en Valencia continúa siendo un tema candente, con implicaciones que van más allá de lo judicial. La crítica al informe de la Guardia Civil por parte de la jueza pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos de emergencia y la importancia de una comunicación efectiva entre las distintas administraciones para garantizar la seguridad de la población ante desastres naturales.
